La cita previa, esa herramienta que te concede un turno para ser atendido en un día y a una hora concreta, se generalizó en las Administraciones públicas en 2020 por razones de salud pública durante la pandemia del Covid-19 a fin de evitar la propagación de la enfermedad. Pero ahora, tres años después y una vez superada la crisis epidemiológica, la vida se ha normalizado casi por completo. Salvo en un lugar, las administraciones públicas.

Discotecas, bares, transportes urbanos, cines, gimnasios, centros educativos y hasta centros sanitarios funcionan prácticamente igual que antes, con la aparición de vez en cuando de una mascarilla que nos recuerda la crisis vivida. Sin embargo, las Administraciones públicas siguen viviendo en 2020 y obligan a los usuarios a obtener una cita previa para ser atendido y hasta para entrar a un edificio público. Algo que es un problema para quienes necesitan hacer sus gestiones de forma presencial, los que tienen urgencias o los que no se manejan con las tecnologías.

Pese a que son públicas y deben estar al servicio de los ciudadanos, y teniendo en cuenta que la situación pandémica no justifica esta medida, siguen exigiendo cita previa para la mayoría de los trámites. Un requisito que complica y dificulta cualquier gestión. La Seguridad Social ya ni siquiera con cita previa permite ciertos trámites presenciales. Este organismo impone cada vez más el envío de documentos de forma telemática, lo que obliga a los usuarios a escanear a veces decenas de ellos simplemente porque la atención presencial se ha convertido en imposible.

Sin cita previa no hay atención

Un recorrido por los diferentes edificios de todas las Administraciones públicas presentes en Granada –la central, la autonómica y la local– es suficiente para comprobar que en todos ellos imponen la cita previa. Porque es eso, una imposición aplicada por razones epidemiológicas y que ahora se perpetúa para “organizar mejor la afluencia de público”, según explican desde estos organismos.

Un hombre accede a la sede de la Consejería de Empleo, en la que un cartel avisa de la necesidad de cita previa

Por lo general, los mayores de 65 años con más dificultades tecnológicas tienen menos trabas a la hora de hacer trámites, puesto que para ellos se han habilitado opciones para ser atendidos en días y franjas horarias concretas. Pero por debajo de esa edad, el acceso a las Administraciones se complica más.

Jose Antonio López esperaba a las puertas de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada, en la calle San Juan de Dios, con su cita previa para hacer un trámite. Había conseguido su cita un mes antes, aunque asegura que le había costado "sangre, sudor y lágrimas". "Para cobrar son rápidos, pero para pagar no tanto. Y en agosto es difícil conseguir cita previa. No lo veo bien, hay gente que trabaja y a la que se le complica la vida porque además en las Administraciones sólo se pueden hacer trámites por la mañana", protestaba. En la puerta, un vigilante de seguridad con una tablet se encargaba de controlar quién podía acceder y quién no.

Mientras, en las diferentes oficinas repartidas por toda Granada del Ayuntamiento un cartel advierte que hace falta cita previa para ser atendido. Esto no lo sabía un usuario que prefería mantener el anonimato, y que discutía agriamente con un policía en la zona de Mondragones, que le remitía a las diferentes formas que existen en el Consistorio para pedir su cita. "No es justo, seguimos siendo como apestados cuando ni hay Covid ni hay nada, lo que quieren es no trabajar y ya está", era su queja mientras se marchaba.

La forma de pedir cita para el Ayuntamiento de Granada es a través del teléfono 010 (o sus variantes 958 248 100 y 958 539 697), a través de la aplicación móvil Cita Previa Ayuntamiento de Granada y mediante la página web preparada para tal efecto, en la que se pueden encontrar los servicios y su ubicación.

Por otra parte, en la puerta del edificio de La Normal de la Junta de Andalucía, sede de la Delegación Territorial de Educación, también hay vigilantes. No entra quien no tenga cita previa, aunque con excepciones. Pequeños trámites, dudas y consultas sí son resueltas, pero para todo lo demás, toca pedir turno. Resulta paradójico que, por ejemplo, para pedir el certificado de un título, un documento que a veces se necesita contrarreloj para un trabajo o una beca, haya que pedir una cita que a veces es complicado obtener.

Un vigilante de seguridad controla quien tiene cita previa para dejarlo pasar

Así al menos lo comentaba Juana Vargas, que intentaba acceder a la sede. "En los colegios y universidades ya llevamos mucho tiempo sin restricciones y ahí sí que nos podemos contagiar. Sin embargo, aquí no podemos entrar. Pero es que tampoco cogen el teléfono", decía amargamente.

Mientras, en el Complejo Administrativo Almanjáyar, en el que se concentra la mayoría de gestiones con la administración autonómica, o en la sede de la Consejería de Empleo y del SAE, los folios pegados a las cristaleras en forma de cartel advierten de la necesidad de obtener cita a través del número de teléfono allí escrito o por la página web. En caso contrario, no serían atendidos.

En las diferentes sedes del SEPE repartidas por la capital nazarí, casos contradictorios. En algunas ya no hay cita previa y las colas que había tiempo atrás se vuelven a generalizar, sobre todo a primeras horas. Pero eso sí, estas oficinas resuelven algunos asuntos, pero no todos. Para muchos otros, se deriva a otras dependencias en las que sí hace falta un requisito: cita previa.

Las Administraciones justifican la necesidad de la cita

¿Y qué dicen las Administraciones? Estas defienden la cita previa. Un funcionario de la Subdelegación del Gobierno aclaraba que es una medida generalizada en España y en todas las Administraciones, que libera de mucha carga a los funcionarios presenciales y, por supuesto, que evita colas. No es exclusivo de Granada y todos los españoles lo sufren.

La Junta de Andalucía defendía la cita previa porque facilita el acceso del ciudadano a la Administración y puntualizaba que existe un cupo para casos urgentes sin ella. "Pedir cita previa en las oficinas de asistencia en materia de Registro es una necesidad que surge de la aplicación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Aunque su implantación en el ámbito de la Junta de Andalucía vino a coincidir con la pandemia, no fue en absoluto ese el motivo, sino la obligatoriedad de que las antiguas oficinas de registro cumplieran todas las funciones que se han ido implementando progresivamente en todas las Administraciones por imperativo legal", señalaba.

Por su parte, desde el Ayuntamiento fuentes consultadas por este periódico señalaban las mismas ventajas de solicitar una cita previa. Comodidad para la mayoría de los usuarios, un número elevado de citas disponibles, menos colas, menos carga laboral presencial, y más comodidad a la hora de trabajar. También confirmaban que, por el momento, no se plantean eliminar este requisito para ser atendido en los edificios consistoriales.

Ilegalidad de la cita previa

El pasado año 2022, la oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada atendió a un total de 12.149 granadinos que le plantearon a Manuel Martín sus quejas y necesidades. La mayoría de ellas estaban marcadas por las trabas burocráticas impuestas por las administraciones, a las que pidió el pasado mes de marzo que eliminaran las citas previas obligatorias, una vez que el contexto de lo peor de la pandemia del Coronavirus ha pasado.

Un hombre comprueba su cita previa en el movil antes de entrar al edificio de La Normal

Estas citas obligatorias podrían ser ilegales, según reiteraba Martín en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento, "una vez han finalizado las restricciones de la pandemia". "Varios juristas consideran ilegal la cita previa obligatoria en la administración, una medida impuesta sin que esté claro que la ley lo ampare. Es por esto que las citas previas no debieran ser obligatorias, pues no siempre se logra contactar por los cauces electrónico y telefónico", alegaba. 

"Llueven consultas por retrasos, atascos de trabajo que impiden el avance de trámites, quejas por los tiempos de espera, quejas por errores en las notificaciones, por teléfonos que no responden y peregrinajes de una institución a otra", detalló el Defensor, quien ha pedido desde entonces que se elimine la cita previa obligatoria.

Según denunció Martín, la Constitución obliga a las administraciones a servir con objetividad a los intereses generales, "y como ha recordado el Tribunal Supremo, el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la administración como organización servicial que lo gestiona. Parece que la imposición de una cita previa obligatoria vulneraría todo esto y, en lugar de facilitar a los ciudadanos que puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, se convierte en una puerta cerrada", detalló.

Ante esta situación, el exalcalde de Granada, Francisco Cuenca, anunciaba entonces que se iniciarían los trámites administrativos necesarios para eliminar la cita previa en el Ayuntamiento, buscando que no fuera necesario reservar un día y hora concreta para acudir a realizar los distintos trámites burocráticos del Consistorio.

Oficina de la sede de la Seguridad Social en Granada, a la que accede un hombre

Cuenca aseguraba tras el pleno de balance del Defensor de la Ciudadanía de Granada que, además de iniciar la eliminación de las citas previas en el Consistorio, comunicaría a la Delegación de la Junta de Andalucía en Granada y a la Subdelegación del Gobierno la necesidad de dar pasos para la simplificación progresiva de trámites administrativos que deriven en “una mayor accesibilidad ciudadana a los servicios”.

Aquello quedó en el aire, hubo un cambio de equipo de Gobierno, y por el momento, desde el Consistorio no se van a dar pasos para eliminar la cita previa. A las instituciones esta medida les facilita organizar el trabajo a lo largo de la jornada y la semana, sin que haya picos de afluencia y colas. Han salido ganando con esta medida generalizada por la pandemia. Los funcionarios ya no tienen la presión de una sala de espera atestada de gente con necesidad de resolver papeleo. Así que también ellos han ganado.

Pero la pregunta es si los ciudadanos, a los que se deben las Administraciones, han ganado o perdido accesibilidad con esta medida.