Inquilinos acusan a una promotora de "vulnerar" las condiciones de sus VPO

En una de las zonas nuevas de la ciudad, cerca de las modernas instalaciones de la Jefatura Superior de Policía, se encuentra el edificio Don Vicente. El inmueble se levantó en un terreno que era propiedad del Ayuntamiento de Granada, tras salir a concurso para que se construyeran allí una serie de viviendas protegidas en régimen de alquiler, destinadas a familias con rentas bajas. La entidad ganadora del concurso fue Unión Comercial Granadina S.A. (Grupo Luna), que se comprometió entonces a cumplir una serie de condiciones que, según algunos de los inquilinos, no se estarían respetando en los contratos de arrendamiento, como sería el período de 15 años de alquiler de los pisos y su ofrecimiento en venta.

La promotora niega tajantemente cualquier tipo de incumplimiento. Es más, asegura que está cumpliendo "escrupulosamente" todo lo establecido en el pliego de condiciones, así como que está actuando con absoluto respeto a la normativa vigente. Pero algunos de los moradores no lo creen así y han decidido movilizarse y pedir la intervención municipal.

De hecho, el grupo de afectados, que como el resto de vecinos resultaron beneficiarios de estas viviendas protegidas tras la celebración de un sorteo, se ha constituido incluso en asociación para lograr su objetivo: que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y obligue a la promotora a que se corrijan sus contratos.

La última acción de los vecinos ha sido dirigir un escrito de denuncia al Ayuntamiento de la capital, que según la promotora no sería el primero. La empresa asegura que una de las vecinas ya habría expuesto sus reivindicaciones hace unos meses ante el Consistorio granadino, el cual, lejos de darle la razón, "ha avalado la legalidad de todas y cada una de nuestras actuaciones".

El nuevo escrito de denuncia, al que ha tenido acceso este diario, fue registrado en la Subdelegación del Gobierno el pasado 21 de julio. En él se plasman los puntos que, según los abogados de los vecinos, la empresa estaría supuestamente vulnerando con respecto a lo pactado con el Ayuntamiento tras ganar el concurso.

Los vecinos denunciantes están dispuestos a llevar el asunto a la vía judicial -jurisdicción Contencioso-administrativa-, pues afirman que la arrendadora "les está exigiendo" incluso que presten un aval bancario para asegurarse el cobro de las mensualidades. Y como algunos no pueden aportarlo por su limitada capacidad económica, la promotora "pretende resolver los contratos". Y ello pese a que, según sus letrados, los inquilinos pagan puntualmente sus rentas y cumplen estrictamente con la condición de beneficiarios de este tipo de VPO.

También denuncian que se les haga un contrato de alquiler de un año prorrogable a cinco, cuando, según afirman, el pliego de condiciones establecía que el período debía ser de 15 años .

Los abogados de los afectados entienden que "por esta razón se vulnera por la arrendadora de forma palpable el pliego de prescripciones técnicas de contratación, a las que debe someterse obligatoriamente el promotor y que condicionan la adquisición del solar".

Otra de las condiciones básicas para la adjudicación del solar era "que el promotor facilitara el acceso de los arrendatarios a la propiedad a través del alquiler". Sin embargo, los contratos de arrendamiento -señala el escrito- se limitan a otorgar a los arrendatarios un derecho de adquisición preferente ya adquirido por ley, "en vez de otorgarles un derecho de opción de compra, o cualquier otro que suponga un ofrecimiento de venta en firme".

Junto a ello, sostienen que en los contratos de arrendamiento se expresa que, en caso de venta, los pisos son ajenos al régimen de protección oficial, "incumpliéndose de nuevo las condiciones de adjudicación que ordenan que la venta se ha de celebrar aplicando los precios máximos de VPO".

Los abogados de los denunciantes aseguran que existe un caso parecido de una promoción distinta -construida por otra empresa también en la capital granadina- en la que los vecinos lograron que se corrigieran sus contratos.