La Inspección de Servicios de la Universidad de Granada (UGR) trató el pasado curso 2020/2021 un total de 379 asuntos, un dato inferior a los 407 que llegaron a este servicio en el año académico en el que todo se trastocó con la pandemia. Antes del Covid el número de casos no superaba los 200. Como muestra dos datos: en el año académico 2018/2019 fueron 172 los temas que llegaron a la Inspección, y en el 2015/2016, apenas 132.

El informe presentado en el consejo de gobierno de la UGR recoge que el pasado curso se registraron 18 asuntos por presunto acoso laboral, psicológico o sexual; otros dos casos tuvieron que ver con supuestas agresiones físicas dentro de la institución; y diez más con agresiones verbales, insultos o palabras o hechos indecorosos. La UGR cuenta con este órgano para "la defensa de los derechos y del cumplimiento de los deberes, dependiente directamente de la rectora, en el ejercicio de su potestad disciplinaria y de gobierno", define la web de la Inspección. Si un caso supone un presunto delito, éste se deriva a otros ámbitos para depurar responsabilidades, y sólo cuando finaliza la vía judicial (en el caso de que ésta sea necesaria) se retoma el expediente interno. Así ha ocurrido con casos como el de la estudiante que denunció a un profesor por acoso y, finalmente, tras quedar absuelto, fue castigado por resolución de la rectora con 90 días de empleo y sueldo por "conducta inapropiada". También en el de una profesora condenada por coacciones a un estudiante.

A la Inspección llegó el pasado curso otro asunto por supuesto hurto; en 37 casos se abordaron posibles disfunciones en los servicios universitarios; y en uno más se trató una posible falsificación de documento público. El tema que más trabajo dio a la inspección, si se tiene en cuenta el número de casos tratados, fue el de los exámenes: incidentes e irregularidades en las pruebas motivaron 129 asuntos registrados. Las irregularidades en la docencia estuvieron detrás de otros 128 expedientes.

A la Inspección llegan asuntos desde todos los ámbitos universitarios, incluidos los colegios mayores. El pasado curso se abordaron cuatro presuntas conductas irregularidades relacionadas con estos centros residenciales. Cabe destacar que el pasado año académico las residencias y colegios mayores estuvieron en el punto de mira por la pandemia. El aumento de los casos de Covid en octubre llevó incluso a imponer un toque de queda en estos centros. En cuanto a los asuntos tratados, uno de ellos fue la entrada por la ventana de un colegio mayor de varias personas que precisamente incumplieron, presuntamente, el toque de queda.

Por incompatibilidad se abrió otro asunto; cinco más por incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; catorce más por irregularidades en los centros, y otros cinco por presuntos problemas relacionados con los concursos de docentes y personal de administración y servicio. En seis casos se abordaron supuestos casos de plagio, tema especialmente sensible en el ámbito académico; y en dos asuntos se investigaron sendos casos de suplantación de identidad. Cuatro casos más estuvieron motivados por posible mal uso de la informática.

"Influenciado" por el Covid

La Universidad de Granada remitió un comunicado en el que especifica que "la finalidad del Plan de Actuaciones Inspectoras se basa en comprobar el correcto funcionamiento de los servicios y llevar a cabo el seguimiento y control general de la actividad universitaria, siendo su ámbito de aplicación el conjunto de Centros, Departamentos, Servicios y Unidades dependientes de la Universidad de Granada, así como respecto a todo su personal docente e investigador, de administración y servicios y estudiantado. El Plan de Actuaciones Inspectoras recoge actividades de dos tipos: en primer lugar, las planificadas u ordinarias, siendo éstas las previstas para el ejercicio, basadas en las tareas de seguimiento de las actividades académicas y de las administrativas y de servicios y, en segundo lugar, las no previstas o extraordinarias, realizadas por encomienda de la Rectora".

Así, "las tareas de seguimiento de las actividades académicas se basan en el Plan de Ordenación Docente (POD), como documento de referencia que establece las normas y criterios por los que se rige la docencia de las enseñanzas oficiales de las titulaciones de Grado y Postgrado en la UGR, que deben cumplimentar los Departamentos y los Centros. El cumplimiento del POD implica una serie de actuaciones relacionadas, por una parte, con la cumplimentación de la aplicación informática en la que los Departamentos, Centros y el Vicerrectorado de Docencia materializan los principios organizativos establecidos y, por otra, el respeto a los plazos establecidos en el POD, relativos a la organización y desarrollo de las enseñanzas que constituyen el calendario de organización docente de la UGR. Adicionalmente se establece el seguimiento de la actividad docente a través de la verificación de actos académicos de los títulos de Grado y Postgrado, de forma presencial y virtual".

El comunicado especifica que "el seguimiento de las actividades administrativas y de los servicios se lleva a cabo a través de la verificación de los procesos de gestión interna, a partir de los datos procedentes de la aplicación OTORGA, informando de la distribución de horas de trabajo, así como de las horas justificadas y sin justificar, además de la distribución mensual de las incidencias registradas durante el curso académico. Por otra parte, se realiza la verificación del grado de correspondencia entre las actividades definidas y programadas para una fecha concreta en la aplicación Otorga y la realidad de las mismas, a través de la visita a los diferentes Centros, Servicios y Unidades a lo largo del curso académico".

Por último, las actuaciones incluidas con carácter no previsto o extraordinario comprenden aquéllas que se realizan por encomienda de la Rectora entre las que se encuentra la colaboración en las tareas de instrucción de expedientes disciplinarios.

"Cabría destacar que el desarrollo del Plan de Actuaciones Inspectoras para el curso 2020-21 se ha visto influenciado por el contexto de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, que ha supuesto, a su vez, la adaptación de la actividad universitaria a las directrices establecidas por las autoridades competentes. A pesar de estas circunstancias excepcionales, los resultados del Informe Anual muestran que tanto el Personal Docente e Investigador como el de Administración y Servicios han seguido cumpliendo con las actividades previstas en el ejercicio de sus competencias", añade la nota.