El docente de la Universidad de Granada sancionado con 90 días de empleo y sueldo por "conducta inapropiada" con respecto a una alumna mantiene el pulso con la UGR. El juez de lo Social 6 desestimó la demanda del profesor contra la sanción impuesta, decisión que el docente ha decidido recurrir a instancias judiciales superiores.

Así lo confirmó la rectora de la UGR, Pilar Aranda, que indicó que la sanción de 90 días de empleo y sueldo todavía no se ha ejecutado por cuanto que el caso está en la justicia ordinaria. Hasta que éste no se resuelva no se podrá imponer la sanción.

Los hechos se remontan al último trimestre de 2015, aunque trascendieron meses después, en marzo de 2016, a través de una organización denominada Asamblea Feminista Unitaria. Una estudiante de la Universidad de Granada denunció primero ante el Defensor Universitario y posteriormente ante la Policía Nacional a uno de sus profesores por un supuesto caso de "abuso sexual". Puso en conocimiento de los agentes que "habría sufrido abuso sexual en al menos dos ocasiones". El caso, tras cerrarse en los juzgados, se tramitó en la Inspección de Servicios. Con los medios propios de la Universidad de Granada se abordó qué ocurrió y qué medidas eran las pertinentes. Esta investigación tuvo como conclusión una sanción de 90 días de empleo y sueldo por "conducta inapropiada". La propia rectora defendió la sanción -criticada por algunos colectivos estudiantiles por no ser lo suficientemente dura- en el claustro universitario de marzo de 2015 que "más no se puede hacer".

El informe de la Universidad determinó que la conducta del docente hacia la alumna que denunció no fue "apropiada". Con esas conclusiones se determinó la sanción de empleo y sueldo que todavía no ha podido ser aplicada tras iniciarse un nuevo proceso judicial. El profesor llevó la sanción al juzgado. El juicio se celebró el pasado mes de abril, poco después de que estallara otro caso, el denunciado por una estudiante de Ciencias de la Educación por un supuesto caso de acoso sexual.

El fallo del juez -que no era firme- daba la razón a la Universidad de Granada y mantenía la sanción al docente. Tras conocerse la decisión judicial, la UGR declaró que "es una muy buena noticia", aunque reconoció que "corresponde ser prudentes" ante la posibilidad de recurso. La Universidad explicó que el fallo suponía "un respaldo" a la "política de lucha contra el acoso" que lleva a cabo la Universidad en los últimos años.