El juez ha desestimado la demanda de un profesor de la Universidad de Granada (UGR) contra la institución académica por la sanción de 90 días de empleo y sueldo por “conducta no apropiada” del profesor hacia una alumna. Tras el fallo, que no es firme, se mantiene el castigo que impuso la rectora, Pilar Aranda, a este profesor.

El fallo, que no es firme, mantiene el castigo impuesto por la Universidad

Los hechos se remontan al último trimestre de 2015, aunque trascendieron en marzo de 2016 tras hacerse público por parte de la Asamblea Feminista Unitaria. Una estudiante formuló denuncia ante la Policía Nacional contra uno de sus profesores por un supuesto “abuso sexual”. Según la Asamblea, la joven denunció que “había sufrido abuso sexual en al menos dos ocasiones”. El caso se resolvió con la absolución del docente y comenzó la investigación interna para determinar, con los medios propios de la Universidad de Granada, qué ocurrió y qué medidas se debían adoptar.

El docente fue sancionado por resolución de la rectora con 90 días de suspensión de empleo y sueldo por “conducta no apropiada”. La propia rectora defendió en el claustro universitario de marzo de 2018 que la sanción impuesta era la más dura que se le pudo aplicar con la normativa en la mano. “Más no se puede hacer”, indicó Aranda a un grupo de estudiantes que le preguntó sobre la cuestión en el tramo final del claustro. El caso se llevó de la Defensoría a la vía penal, y se cerró con la absolución, según recordó en aquella intervención la rectora. Tras el fin de la vía judicial se nombró a un instructor por parte de la Universidad de Granada que “emitió un informe en el que se demuestra esa conducta no apropiada”. Con esas conclusiones, Aranda impuso la sanción. Es la más alta que se recoge en el reglamento dada la “situación muy grave” que se había detectado.

El profesor sancionado por “conducta no apropiada” recurrió la sanción de la Universidad en el juzgado.El juicio se celebró en lo Social el pasado mes de abril –justo cuando estalló otro caso de supuesto acoso sexual de un profesor de la Universidad hacia una alumna, ésta de Ciencias de la Educación– y es ahora cuando se ha conocido el fallo. Éste no es firme y el demandante podría recurrir. En caso de hacerlo, el caso se estudiaría en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), indican fuentes judiciales. 

La Universidad de Granada cuenta con un protocolo para la prevención de casos de acoso. Sin embargo, casos como el conocido el pasado mes de abril en Ciencias de la Educación o el que se remonta a 2015 y que ahora ha tenido un nuevo capítulo judicial han puesto sobre la mesa la necesidad de adaptación en la legislación vigente, algo que incluso ha solicitado la propia rectora.“Exijo una adaptación de toda la legislación”, indicó el pasado mes de abril Aranda, al hilo de la decisión de recurrir la sanción del profesor.

Tras la denuncia de finales de 2015 ante el Defensor Universitario de la estudiante, al UGR informó de que se tomaron medidas “de protección oportunas” y se mantuvo un Estrecho y constante seguimiento del caso”. En cuanto al conocido el pasado mes de marzo, una de las primeras medidas tomadas por la Facultad fue favorecer el cambio de grupo de la estudiante con el fin de que no coincidiera con el docente.