Jacobo de la Rosa es uno de los pocos altos cargos de Urbanismo durante la etapa de gobierno del exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) que no se sientan en el banquillo de los acusados del caso Serrallo. Su papel es el opuesto, porque ha sido el principal testigo de cargo de este caso desde el principio, y ayer llegó su momento en el juicio. Le tocó el turno para declarar y durante las casi cinco horas de la sesión explicó los pormenores de la operación urbanística de la discoteca que él considera “ilegal”, además de dejar al desnudo el funcionamiento interno, las “tensiones” y una trastienda opaca de un área municipal tan sensible e importante para la ciudad.

El testigo, que compareció también en calidad de perito por su experiencia como director de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, confirmó las tesis de las acusaciones sobre la imposibilidad de construir una discoteca o sala de fiestas sobre uno de los sistemas generales de espacios libres de la ciudad, que él considera una “zona verde”. En particular, en este terreno se habría previsto la construcción de un parque infantil y para ello el Ayuntamiento hizo una concesión administrativa que a su juicio no se cumplió.

En la práctica, según la declaración del testigo, la construcción de la discoteca habría sustraído suelo público a la ciudad y también fue perjudicial para sus intereses económicos, porque el canon impuesto al empresario (unos mil euros al mes) era acorde a un parque infantil y no a este tipo de negocio más lucrativo.

De la Rosa insistió en que el porcentaje de uso lucrativo de apoyo que permite el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada ha de ser comercial y, por tanto, incompatible con negocios de restauración.

El que fue director de Urbanismo en aquellos años dibujó un escenario complejo y algo oscuro en el funcionamiento de Urbanismo. Declaró ayer que otros altos cargos, incluida la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, lo excluyeron de reuniones y le ocultaron información. “Me conocían y sabían que yo iba a decir que no a eso que estaban haciendo”, dijo el testigo en una sala de vistas donde asistieron ayer como público numerosos funcionarios, también de Urbanismo. 

Jacobo de la Rosa, visiblemente nervioso y angustiado -al inicio de su declaración fue necesario un pequeño descanso para buscar agua porque era incapaz de seguir hablando- no pudo explicar las supuestas represalias sufridas en el Ayuntamiento de Granada por sus denuncias, un asunto que ha dado pie a otra causa judicial por posible acoso laboral. El tribunal consideró que esa línea de declaración no era procedente en este caso. 

El arquitecto destacó el papel del acusado Manuel Lorente, que fue gerente de Urbanismo y luego director de Obras. “Era una persona que pesaba mucho”, dijo de su antiguo compañero, en alusión a la dificultad para que otros trabajadores del área se alejaran de su criterio. El testigo lo acusó de arrogarse la competencia de determinadas decisiones o informes que no eran su responsabilidad, como en este caso del Serrallo.

El arquitecto relató cómo su oposición a varias operaciones urbanísticas, no sólo la del Serrallo (ha citado algunas investigadas en el caso Nazarí), le provocó una serie de problemas internos y hasta la amenaza de un expediente disciplinario por parte de la concejal Nieto. En esas circunstancias, en las que era llamado “traidor” por sus compañeros –siempre según su versión–, y su criterio no era tenido en cuenta en la toma final de decisiones, De la Rosa tomó la determinación de marcharse de Urbanismo y para ello llegó a pedir ayuda a Sebastián Pérez, concejal del PP que en aquel momento era presidente del partido y de la Diputación Provincial.

Era sabida la mala relación entre Pérez y el entonces alcalde, Torres Hurtado, de modo que la declaración de Jacobo de la Rosa pone de relieve que esas tensiones tuvieron su incidencia en el urbanismo granadino y, en particular, en este asunto del Serrallo.

A preguntas de la defensa de Lorente y de otros cargos de Urbanismo acusados en este juicio, salió a relucir otro aspecto oscuro de este asunto y sobre el que Nieto ha insistido en muchas ocasiones desde el inicio de este caso. Se trata de los supuestos intereses del testigo, cuya esposa administraba una empresa dedicada a trámites urbanísticos, sin empleados y con una elevada facturación, mientras él mantenía su cargo en el Ayuntamiento. De la Rosa admitió que en el pasado existió esa mercantil, que llegó a ser investigada por la exconcejal de Urbanismo a través de un detective privado.   

En la sesión de hoy está previsto que continúe la declaración del mismo testigo para responder a las preguntas de otras defensas, incluida Isabel Nieto, que en el juicio también ejerce como letrada.