El juicio del caso Serrallo, fijado desde hace meses para todo febrero de 2020, arrancará con la declaración de los 17 acusados (incluido el exalcalde José Torres Hurtado) y seguirá con la comparecencia de una treintena de testigos y peritos. Todo ello tendrá como escenario una sala especial reservada en el edificio de la Caleta, con mayor capacidad que las del edificio de la Real Chancillería.

La Audiencia de Granada ha organizado ya el juicio de este caso, el primero en el que Torres Hurtado se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados (tiene abiertas varias causas judiciales más). Y estará acompañado de la mayor parte de su equipo de gobierno en el año 2012, cuando se autorizó la apertura de la discoteca en suelo reservado para espacios libres. 

El juicio se celebrará del 3 de febrero al 2 de abril de 2020 y, como es habitual, arrancará con las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados. Así que Torres Hurtado podría ofrecer su testimonio el mismo día de arranque o el siguiente, en función de la cantidad de asuntos que las partes planteen al tribunal antes del comienzo. 

La Sección Segunda, cuya sala de vistas habitual está ubicada en el edificio de la Real Chancillería de Plaza Nueva, ha previsto la celebración de este juicio en la Caleta, donde está disponible la sala Antonio Angulo, con más espacio para dar cabida a tantos acusados, a sus respectivos abogados, a las acusaciones (además de la fiscal y otras como Vox, la empresa de Tomás Olivo o el funcionario jubilado que denunció el caso) al público y a los numerosos medios de comunicación que seguirán el juicio.

Durante los días 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 18 de febrero habrá declaraciones de los acusados. La prueba testifical, para la que se ha citado a más de 30 personas, empezará el día 19 y continuará los 20, 25, 26 y 27 de febrero. Los informes de las partes y la última palabra de los acusados se ha fijado para los días 26 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril de 2020.

Además de Torres Hurtado y algunos de los políticos que gobernaban la ciudad hasta 2016, irán a juicio altos cargos del Ayuntamiento, como el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente. El empresario Roberto García Arrabal es otro de los principales acusados. 

La Fiscalía ha pedido para los principales acusados 8 años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multas de 522.000 euros.

El exalcalde será juzgado por delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; los mismos a los que se enfrenta la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, que también suma el de falsedad en documento oficial.

El juzgado de Instrucción 2 de Granada, que ha llevado la investigación del caso desde 2014 impuso a los encausados el pago de una fianza de dos millones de euros a pagar "de manera conjunta y solidaria" para asegurar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del asunto.

En los últimos meses, los implicados han aportado propiedades al juzgado para responder a la petición de fianza, tras lo que la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz ha ordenado las anotaciones preventivas en los Registros y la tasación de los bienes.