2013: La denuncia de un funcionario jubilado

Juan Santiago Pineda es un funcionario de Urbanismo jubilado que en 2013 denunció en la Fiscalía Provincial la existencia de una discoteca junto al Centro Comercial Serrallo, levantada sobre unos terrenos que estaban destinado a espacios libres y que el Ayuntamiento había sacado a licitación para la construcción de un parque infantil de atracciones.

2014: La Fiscalía denuncia y el Juzgado abre diligencias

La Fiscalía, con la denuncia del antiguo trabajador municipal y un informe realizado por el entonces director de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, presenta una denuncia en los juzgados de Granada, que finalmente recae en Instrucción 2. Su titular, María Ángeles Jiménez Muñoz, abre unas diligencias de investigación que en un principio afectaban a un grupo de cargos técnicos del Ayuntamiento, al promotor Roberto García Arrabal y algo más tarde a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

Aquella fue la primera vez que el gobierno de Torres Hurtado se vio envuelto en un asunto judicial de posible corrupción y la imputación de una de sus ediles ya provocó la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos que estaba vigente desde las municipales de 2015.

Por su parte, el promotor García Arrabal no tardó en vender su principal empresa ese mismo año, con una opaca operación, desvelada por Granada Hoy, a través de sociedades de Luxemburgo vinculadas a otras offshore de Islas Vírgenes y registradas en los conocidos Papeles de Panamá. 

2015: La UDEF y Jacobo de la Rosa tiran de la manta 

Al trabajo policial que un tiempo después del inicio del caso comenzó a desarrollar la UDEF (con extensos informes que han resultado claves), se unió a finales de 2015 la crucial declaración de Jacobo de la Rosa. El técnico municipal aseguró que la construcción era ilegal, pero también extendió sus acusaciones a otros asuntos urbanísticos de la ciudad, lo que dio lugar a que la Fiscalía hilvanara varias denuncias urbanísticas que tenía sobre la mesa y sentara las bases para la apertura de la gran macrocausa de corrupción contra aquel gobierno del PP. Unos meses después se desarrolló la Operación Nazarí, que acaparó casi toda la atención durante el año 2016.

2017: Imputación de Torres Hurtado y del gobierno del PP

Al margen del caso Nazarí, la causa del Serrallo (que podría haber formado parte de la anterior, pero por ir más adelantada se mantuvo independiente) siguió su camino propio hacia el primer auto que ponía fin a la investigación en 2017. Pero un recurso de la Fiscalía y otro de la acusación popular de Vox pidieron reactivar la instrucción y ampliar el caso a nuevos imputados y delitos. La base de esa extensión del caso estaba en las nuevas pruebas e indicios aparecidos precisamente en el caso Nazarí. La jueza aceptó algunas de las peticiones y citó a declarar como investigados a todos los miembros de la junta de gobierno de 2012 que habían votado a favor del cambio de las condiciones de la concesión de aquella parcela. Una vez escuchadas sus explicaciones (la mayoría sostenía que sólo habían seguido las indicaciones marcadas), la magistrada también imputó a Torres Hurtado. 

2018: Procesados, acusados y con fianza de 2 millones

El año comenzó con el primer auto que supone el procesamiento de los 17 investigados, lo que dio paso a que las acusaciones concretaran sus peticiones de penas y delitos para cada uno. La Fiscalía pide penas de hasta 8 años de cárcel para los principales acusados, Torres Hurtado e Isabel Nieto. Aunque el ministerio público no acusa al resto de concejales, otras acusaciones si les piden responsabilidades en este caso. Se trata de María Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera. Como consecuencia de ello, la jueza dictó en mayo el auto de apertura de juicio oral contra 17 personas e impuso una fianza de 2 millones de euros. Torres Hurtado trató de pagar su parte mediante una póliza del Ayuntamiento que finalmente no cubrió el gasto judicial.

2019: La Audiencia Provincial prepara el juicio

El caso Serrallo, con sus 9.661 folios, aterriza en la Audiencia Provincial, que en la primavera pasada señaló el juicio para febrero de 2020. Para ello ha habilitado una sala especial en el edificio de La Caleta (más grande de lo habitual) y se ha citado a más de 70 testigos y peritos, además de los 17 acusados, que tendrán que asistir con sus defensas. Tampoco es corto el número de acusaciones particulares y populares. Incluso la empresa del Centro Comercial Nevada (de Tomás Olivo), es una de las partes acusadoras en el proceso. 

2020: El juicio, la hora de la verdad

El juicio de este largo caso, que llevará la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, comienza el 3 de febrero y se extenderá durante unos dos meses.