Los 9.661 folios recogidos en 15 tomos y los 8 discos digitales (CD) que se han acumulado durante los últimos 5 años en el caso Serrallo ya han aterrizado en la Audiencia Provincial de Granada, donde se encuentran a la espera del señalamiento de la fecha para el juicio. 

Este asunto de gran relevancia política (implica a casi todo el Gobierno del anterior alcalde del PP, José Torres Hurtado) ha recaído en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, de donde saldrá un tribunal de tres magistrados encargados de enjuiciar la causa. Por el momento, ha sido designado como ponente José María Sánchez Jiménez, que entre otras cosas, tendrá que redactar la sentencia final.

El mismo magistrado recibirá ahora las actuaciones para decidir sobre la pertinencia de las pruebas que se proponen por cada una de las partes. La causa es muy voluminosa, y no sólo por los miles de folios aportados, dado que hay 8 discos digitales y un "pen drive color rojo" en los que, entre otras cosas, se incluyen los vídeos de las declaraciones judiciales que en fase de instrucción hicieron tanto los investigados como los testigos citados a lo largo de todos estos años. La misma Audiencia decidió hace poco que esas grabaciones no tendrían que ser transcritas en papel, como pedía la Fiscalía Provincial.

También hay en esos soportes mucha documentación de tipo urbanístico (expedientes municipales completos) aportados también por las diversas partes. 

El ponente tendrá que revisar todos los autos y declarar la pertinencia de las pruebas. Teniendo en cuenta que son casi 10.000 folios de procedimiento, que hay muchas partes implicadas (defensas y acusaciones particulares y populares), testigos y peritos cuya intervención ha sido propuesta, el asunto resulta especialmente complejo y podría demorarse el señalamiento del juicio. Salvo que la Audiencia adopte medidas de refuerzo especiales al tratarse de un asunto tan relevante.

A todos esos documentos hay que añadir el envío desde el Juzgado de Instrucción 2 de la capital de una pieza separada de responsabilidades pecuniarias, algo que la jueza acordó en el mismo auto de apertura de juicio oral, junto con la imposición de una fianza de dos millones de euros a pagar de forma solidaria entre todos los acusados y las empresas designadas como posibles partícipes a título lucrativo.