Los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Moral y María Francés han aceptado dos años de cárcel en el juicio por los contratos fantasma realizados en la Empresa Municipal del Cementerio de Granada S.A. (Emucesa) en la anterior etapa de gobierno del PP en la ciudad, por delitos de malversación, falsedad y prevaricación, mientras que los cinco trabajadores beneficiados han aceptado penas de entre tres y nueve meses de prisión y de entre 18 meses y dos años de inhabilitación.

La Fiscalía solicitó inicialmente penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés por "realizar contratos irregulares en sue etapa como consejeros delegados" de Emucesa, entre 2005 y 2012, cuando la entidad era cien por cien pública. Se trató, según el relato provisional del Ministerio Público, de contratos de "alta dirección" en los que se simuló "una relación laboral inexistente", pues desde "el momento de la firma conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse".

El juicio por estos hechos estaba previsto a partir de este martes en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, pero un acuerdo entre las defensas, la Fiscalía y el resto de las acusaciones ha evitado que tenga que celebrarse. Eduardo Moral ha aceptado dos años de cárcel y seis de inhabilitación para empleo y cargo público, mientras que María Francés ha aceptado dos años de prisión y cinco de inhabilitación, ambos por delitos de malversación, falsedad y prevaricación.

Como ya ocurriera anteriormente, el acuerdo deberá ser no obstante ratificado este miércoles por el consejo de administración de Emucesa -presidido por el alcalde de Granada, Luis Salvador- que ha sido una de las acusaciones ejercidas en la causa junto al Abogado del Estado en representación del Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el PSOE y Vamos Granada.

Acusaciones en el juicio por los contratos fantasma

Aunque aún la copia del acuerdo por este juicio por los contratos fantasma no se ha hecho pública, dado que falta un suscriptor del documento por firma, el mencionado caso de Emucesa que está a la espera de la aprobación por parte del consejo de administración, letrados de la causa informaron sobre el pacto alcanzado.

La acusación particular, ejercida por Emucesa, sostuvo en su escrito de acusación que la finalidad de todas las contrataciones fue "la realización de servicios ajenos a la actividad y fines de la empresa", a pesar de lo cual Emucesa pagó los salarios, que cifró en su momento en un montante cercano a los 300.000 euros. A lo que sumó las prestaciones por desempleo que luego pudieron cobrar algunos de los contratados.

El abogado de la acusación ejercida por el PSOE de Granada, Joaquín Alcón, ha señalado en declaraciones a los medios a la salida de la Audiencia que este acuerdo "supone el expreso reconocimiento" por parte de los acusados de una contratación irregular que, "leyendo entre líneas e interpretando", suponía "una financiación ilegal de un partido político" porque de esta manera, según su interpretación, "se estaba financiando el aparato administrativo de apoyo a los concejales que ejercían la función de consejeros delegados".

Desde la acusación ejercida por Vamos Granada, Marta Gutiérrez "ha expresado su satisfacción en nombre de la formación por la devolución del dinero, que es lo más importante para las maltrechas arcas públicas"; aunque también ha querido resaltar la importancia de la gestión política de un ayuntamiento, donde -según ha dicho- "si no hay ningún partido como Vamos, que investigue o ponga ante la justicia este tipo de ilegalidades, la corrupción sigue campando a sus anchas".