El exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la que fue concejal de Urbanismo Isabel Nieto se enfrentan a partir de este jueves, 21 de octubre, al primer juicio de la macrocausa Nazarí, una investigación abierta hace más de cinco años y que provocó la detención y posterior dimisión de ambos dirigentes del PP en el Ayuntamiento de la ciudad. Todavía hoy resuenan los ecos de aquel terremoto político en 2016, pues desde entonces no ha vuelto a haber estabilidad en Granada. 

Esta pieza separada, la única que por el momento es enjuiciada, es la llamada Obispo, por el nombre de la céntrica calle donde se ubica el edificio del exregidor y la exedil y las supuestas irregularidades de su construcción y concesión de licencias.   

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada es el encargado de enjuiciar esta pieza, después de que la Audiencia de Granada se declarara incompetente por el tipo de delitos y las penas propuestas. Así es que será el juez Manuel Piñar, conocido por la condena a Juana Rivas, el encargado de juzgar y dictar sentencia en este asunto de supuesta corrupción urbanística.  

El juez Manuel Piñar fue el que condenó a Juana Rivas

El de este jueves es el segundo juicio al que se enfrenten ambos exdirigentes municipales después del caso Serrallo (anterior al caso Nazarí), donde Torres Hurtado fue absuelto y Nieto terminó condenada por prevaricación, junto al otro técnico municipal acusado en este juicio y al promotor privado de la discoteca. En esta pieza, los principales acusados, Torres Hurtado y Nieto, son también los promotores de la obra investigada, dado que el edificio levantado en Obispo Hurtado era una cooperativa en la que participaban miembros de sus respectivas familias y personas muy cercanas. El titular de la promoción inmobiliaria, a efectos de permisos, era el hermano del exalcalde. 

Tanto el exregidor como la exconcejala están acusados de posibles delitos de prevaricación común y urbanística y tráfico de influencias en esta causa, en la que la Fiscalía y la acusación del Ayuntamiento de Granada pidieron el sobreseimiento. Aunque el PSOE llegó a pedir 12 años de inhabilitación para estos políticos, recientemente el partido ha decidido retirar su acusación, alegando que su nuevo papel como partido de gobierno en la ciudad le supone una traba.  

Junto a Torres Hurtado y Nieto también se abrió juicio contra el funcionario Emilio M.H. por posible prevaricación y se acordó el sobreseimiento provisional respecto a Manuel L.S. al no haberse formulado acusación contra este último.

La otra acusación popular, ejercida por el empresario Ramón Arenas, presentó escrito contra los dos antiguos políticos, además de contra Emilio M.H., y pidió penas de cárcel e inhabilitación por prevaricación y tráfico de influencias.

La investigación que comenzó en 2016 dentro del procedimiento de toda la macrocausa Nazarí, se centra en esta pieza separada en las licencias municipales que tanto Torres Hurtado como Nieto concedieron a su propio edificio, pese a la detección por parte de la inspección de algunas irregularidades urbanísticas. 

Las acusaciones dispares

La Fiscalía decidió hace dos años no acusar a estos investigados por la actual pieza al considerar que las irregularidades detectadas no son constitutivas de delito. "A pesar de que se incumplió la legalidad urbanística (...) la actuación queda fuera de la sede penal y, en su caso, deberá dar lugar a responsabilidades en la vía correspondiente", expone el informe de la fiscal encargada de este caso, Sara Muñoz-Cobo.  

Al margen de esas posibles irregularidades urbanísticas "no sustanciales", que luego fueron regularizadas por el Ayuntamiento mediante expedientes de legalización, junto a la imposición de sancionadores, la investigación de este asunto tenía una segunda parte, que es la participación de los dirigentes municipales en la tramitación de las licencias y expedientes de su propia casa. 

La fiscal considera que además de un "deber moral y de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública", es una "obligación legal" que Torres Hurtado y, sobre todo, Isabel Nieto (que era la responsable directa de Urbanismo) se abstuvieran  en la tramitación de los expedientes donde ambos tenían un "interés personal", algo que según este informe queda acreditado que no hicieron. 

Ahora bien, a pesar de ese proceder que puede ser reprochable y hasta contrario a la legalidad, dice la fiscal que en ese incumplimiento de la obligación de apartarse en asuntos como la concesión de la licencia de obras o de ocupación no concurren los elementos que integran el tipo de delito de tráfico de influencias y tampoco se habría acreditado el delito de prevaricación urbanística ni prevaricación común.  

La acusación particular del empresario Arenas, y hasta hace poco, la representada por el PSOE, sí consideraban que esos hechos constituyen delitos penales y por eso los tres acusados se enfrentan a juicio.