Las obras de mejora de la red de saneamiento del área metropolitana de Granada, que son necesarias para poner fin a la situación de ilegalidad y de riesgo medioambiental en la que se encuentra más de una docena de municipios, fueron autorizadas el pasado 18 de diciembre en una de las últimas sesiones del Consejo de Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. En ese momento la Fiscalía ya ultimaba sus querellas contra los alcaldes por no disponer de esos colectores que permitirían depurar las aguas de sus núcleos urbanos. 

La Junta autorizó en esa penúltima sesión del máximo órgano ejecutivo el gasto de 37,9 millones de euros para la contratación de las dos obras de mejora de la red de saneamiento, con 38 kilómetros de colectores.

Se trata de la primera fase de la agrupación de vertidos de la aglomeración de Granada Sur (21,72 millones) y de los nuevos colectores de aguas residuales con destino a la depuradora de Los Vados (16,24 millones). Ambos proyectos, declarados de interés de la comunidad autónoma en 2010 y comprometidos por convenio en 2006, afectarán a una población de más de 120.000 habitantes.

La primera de las obras conlleva la construcción de los nuevos colectores que recogerán las aguas residuales procedentes de la zona Sur, La Zubia, Ogíjares, Gójar y una parte del municipio de Armilla, con un total de 19 kilómetros y diámetros de entre 630 y 2.500 milímetros.

El segundo proyecto incluye también 19 kilómetros de colectores, con diámetros de entre 400 y 1.800 milímetros, para llevar hasta la depuradora de Los Vados las aguas procedentes de Albolote, Atarfe, Churriana de la Vega, Jun, Maracena, Peligros y Pulianas, conectando con el emisario principal Maracena-Albolote.

Los trabajos para los que se autorizó el gasto justo antes del cambio de Gobierno quedaron pendientes de licitación y con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Su financiación se prevé con cargo al Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas, un instrumento fiscal autonómico de carácter finalista que se destina en su totalidad a obras de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas, y que ha sido muy polémico por su falta de aplicación en la ejecución real de las actuaciones. 

En el mismo expediente de gasto de la Junta, quedaba reflejado que el 27 de noviembre del 2006 se firmó el Convenio de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de La Vega-Sierra Elvira, el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos integrados en el mismo "para la coordinación, ejecución y financiación de las obras precisas para la mejora de la gestión, en alta, de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los ámbitos territoriales correspondientes en el entorno metropolitano de Granada".

La tardanza de la Junta de Andalucía en llevar a cabo estos proyectos y su ejecución ha sido el principal argumento de los ayuntamientos del área metropolitana que perdieron en 2008 la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para verter sus aguas urbanas. El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, órgano que reconoció la demora de la Administración autonómica, pero recalcó que la responsabilidad legal de esos vertidos es de los municipios.

En base a ese mismo criterio de responsabilidad, la Fiscalía acaba de presentar 13 querellas contra alcaldes del área metropolitana, que ya están siendo investigados en varios juzgados de Granada por posibles delitos ecológico al permitir los vertidos sin ningún tipo de depuración. Churriana de la Vega, Atarfe, Jun,  Peligros, Vegas del Genil, Fuentevaqueros, Güevéjar, La Zubia, Ogíjares, Cijuela Colomera y Víznar están en la lista de los investigados. 

La delimitación legal de las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y el ámbito territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua establece tres grupos en el área metropolitana de Granada: