La Junta de Andalucía también ha recurrido el archivo del caso Colina Roja. La Administración responsable del Patronato de la Alhambra ha pedido a los jueces que permitan continuar la investigación sobre la supuesta trama de contratos irregulares por parte de los anteriores gestores del monumento. 

El archivo ordenado por el juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, (obligado por la nulidad de las actuaciones que resolvió la Audiencia) ya ha sido recurrido también por la Fiscalía Provincial, que ha manifestado su disconformidad con la interpretación del artículo de la Ley que limita los plazos de investigación a 6 meses y estipula las condiciones para las prórrogas en los asuntos de especial complejidad. 

La Junta de Andalucía, como acusación particular en el caso, ha presentado también su propio recurso (la otra opción hubiera sido adherirse al de la Fiscalía) contra el auto de archivo dictado el mes pasado por el juez de instrucción, como consecuencia de la decisión anterior de la Audiencia Provincial de anular la mayor parte de las diligencias de investigación que se habían practicado. La Policía ya acumulaba miles de folios de informes que quedaron descartados. 

El juez expuso en el auto sus discrepancias con la resolución de la Audiencia, pero en esas circunstancias no tenía otro remedio que el archivo, de modo que las acusaciones pudieran recurrir y llegar hasta "instancias superiores" como un posible recurso de casación en el Tribunal Supremo.  

La Junta de Andalucía ha tenido un papel activo en este caso, dado que incorporó una amplia auditoría interna en la que se habían repasado casi todos los contratos de los últimos años. El informe era demoledor para los anteriores responsables del monumento y fue anudado al sumario, como complemento de las pesquisas policiales. 

Entre la larga lista de personas que han llegado a estar investigadas en esta causa (28 imputados tras el último auto) y que incluso llegaron a estar detenidas por la Policía, hay bastantes funcionarios de la Junta de Andalucía, además de empresarios y otros empleados. 

La caducidad de los plazos que ha puesto fin al caso Colina Roja se produjo como consecuencia de un recurso a la Audiencia de la antigua directora del monumento María del Mar Villafranca.