"Creemos que se tiene que investigar a fondo qué ocurrió ahí para eliminar cualquier duda sobre la transparencia y gestión". Con estas palabras el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, ha defendido los escritos de acusación de la Junta para procesar por más delitos a María del Mar Villafranca, la que fuera directora de la Alhambra, así como a otros altos cargos de la Alhambra por el caso Audioguías.

Preguntado en rueda de prensa por este tema que ha adelantado este periódico, el delegado de la Junta en Granada ha pedido que se investigue "a fondo" la gestión en el Patronato de la Alhambra y el Generalife durante la etapa socialista al frente del monumento con el objetivo de "eliminar cualquier duda" sobre la gobernabilidad y la transparancie de dicha época.

En concreto, García ha explicado que desde la Junta, que ejerce la acusación particular en este proceso, se acaba de solicitar al Juzgado que también se procese al que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José María Visedo, que se investigó en un principio pero que el juez ha dejado fuera de la causa. También ha pedido que entre los delitos señalados por el juez se sume el de falsedad. 

Es decir, la acusación particular que ejerce el Ejecutivo autonómico pretende llevar a juicio a otro alto cargo del Patronato (además de la exdirectora Mar Villafranca y su número 2) e imputarles además el delito de falsedad. 

Los letrados de la Junta han recurrido el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, dictado por el juez el pasado abril, y que ponía a un paso del banquillo a la que fue máxima responsable de la Alhambra durante una década, a la exsecretaria general del Patronato que gestiona el monumento, Victoria Chamorro, y al empresario que tenía el contrato de las audioguías. Por tanto, el caso sigue adelante para 3 de los 8 investigados inicialmente.

Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, atribuye a los encausados son prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La Junta pide ahora que se incluye también la supuesta falsedad documental. A su juicio, durante la investigación se han aportado pruebas de esas otras posibles ilegalidades.

El caso se inició en julio del 2015 con la admisión de la querella presentada por la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas en este servicio. La directora de la Alhambra y otros investigados en aquel momento fueron detenidos por la Policía, lo que forzó la dimisión de Villafranca casi de forma inmediata.