El juez que instruye uno de los casos de posible corrupción en la Alhambra ha procesado a la exdirectora del Patronato María del Mar Villafranca, a la que fue secretaria general del monumento Victoria Chamorro y al empresario que tenía el contrato de las audioguías. En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el magistrado decide continuar la causa contra 3 de los 8 investigados originalmente. 

El juez de Instrucción número 4 de Granada, Antonio Moreno, delimita en su auto los hechos presuntamente delictivos en la adjudicación y posterior prórroga del contrato de audioguías, así como los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales. 

Con este auto, el juez pone fin a la fase de instrucción del caso e inicia otra etapa en la que las partes tienen ahora un plazo de 10 días para que presenten sus escritos, en los que pueden pedir la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. En el primero de los supuestos, habrán de formular sus acusaciones, con la clara definición para cada uno de los procesados de hechos, delitos y penas.

La decisión del juez instructor de continuar la causa contra estos 3 investigados y dejar al margen a los otros 5 coincide con el criterio de la Fiscalía, que recientemente envió un escrito al Juzgado en el que consideraba que en estos años (desde 2015) se habían acumulado pruebas para avanzar en la causa contra estas tres personas.

Hace escasos días, una de las procesadas, Victoria Chamorro remitió otra escrito al juez en el que contestaba a la Fiscalía y rebatía sus acusaciones relacionadas con los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En el documento, cuyo contenido publicó este periódico, la ex secretaria general del Patronato de la Alhambra reiteraba que su actuación se limitó a cumplir las indicaciones de la directora. También agregaba que Villafranca estaba al tanto de todo el proceso de adjudicación del contrato de audioguías y ella fue la responsable de las decisiones, a pesar de que la empresa no abonaba el canon a las arcas del organismo público.   

El juez no ha debido de tener en cuenta ese último escrito y ha seguido el criterio de la Fiscalía. El instructor apunta a la modificación a través de una cláusula del objeto del contrato y las condiciones técnicas y económicas acordadas inicialmente con la adjudicataria investigada, y se refiere a un "perjuicio" de hasta 1,25 millones de euros al no haberse tenido en cuenta "datos reales de ventas".

El juez considera a Villafranca "partícipe" de los hechos "de forma activa" y sin cuya intervención no hubiera podido producirse un "perjuicio a las arcas públicas", y añade que la prórroga del contrato fue acordada previas reuniones con el adjudicatario para "trazar un plan" que permitiera ofrecer una salida a su falta de pago de la deuda contraída con el Patronato de la Alhambra.

Respecto a Victoria Chamorro apunta también a "indicios fundados de autoría y participación" y sin cuyo concurso no hubieran podido producirse los hechos y los perjuicios a las arcas publicas. La Fiscalía la consideraba cooperadora necesaria de los supuestos delitos. 

En cuanto al empresario, como administrador único y representante legal de GTP Museum y Stendhal Museum Solutions, indica que "de manera consciente y voluntaria" dejó de ingresar una serie de cantidades cobradas en la ejecución del contrato y propiedad del Patronato y las incorporó definitivamente a su patrimonio, "aprovechando las condiciones favorables que le habían proporcionado las otras dos investigadas".

El caso de las audioguías se inició en julio del 2015 con la admisión de la querella presentada por la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas en este servicio. La directora de la Alhambra y otros investigados en aquel momento fueron detenidos por la Policía, lo que forzó la dimisión de Villafranca casi de forma inmediata. 

Villafranca, que ha declarado en el Juzgado dos veces por este caso, aseguró ante el juez que había actuado en todo momento "conforme a la ley" y aseguró que se sentía "víctima de una persecución".

El juez que acaba de dictar el auto de procedimiento abreviado es el mismo que trató de investigar a casi una treintena de personas por otra larga lista de contratos posiblemente irregulares adjudicados en la Alhambra. A este asunto, que la Audiencia ordenó separar como un nuevo caso, se le llamó Colina Roja, pero el magistrado se ha visto forzado a archivarlo hace escasos meses por una cuestión de plazos legales. 

El carpetazo, que el juez tuvo que dar para cumplir las indicaciones de la Audiencia Provincial, ha sido recurrido por la Fiscalía y por la Junta de Andalucía, personada como acusación particular por los posibles perjuicios económicos sufridos.