Una de las principales investigadas por el caso Audioguías (la investigación sobre el supuesto trato de favor a una empresa en la contratación de este servicio por parte de la Alhambra), la ex secretaria general del monumento Victoria Chamorro, acaba de remitir un escrito al juez instructor en el que apunta reiteradamente a la responsabilidad directa de la exdirectora María del Mar Villafranca, tanto en la contratación con empresas como en la tesorería y gestión económica del Patronato que gestiona la Alhambra y el Generalife.

Este escrito responde al último informe de la Fiscalía para este caso, que pedía archivar la causa para 5 de los 8 investigados hasta ahora, la mayoría de ellos funcionarios del Patronato. Sólo mantenía la acusación para la exdirectora Villafranca, el empresario contratado y para la anterior secretaria general del monumento (considerada como la número 2 del Patronato). A ésta última, el fiscal la considera posible “cooperadora necesaria” de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que también atribuye a los otros dos imputados, aunque éstos en calidad de autores.

La defensa de Chamorro ha enviado al juez una respuesta a ese escrito, en la que reclama para su representada la misma consideración que para el resto de los funcionarios que la Fiscalía pretende exculpar. Es el caso del jefe de la Sección de Contabilidad de Ingresos José María Visedo o del interventor del Patronato de la Alhambra.

A juicio de la defensa de Chamorro, la Fiscalía ha aplicado un “trato desigual” y existe, por tanto, un “agravio comparativo”. La participación de la directiva de la Alhambra en los hechos investigados se limitó, según el escrito de la defensa, a “meros actos administrativos de trámite” y sostiene que en todo momento siguió las indicaciones de la directora del Patronato en aquellos años, María del Mar Villafranca, que se mantiene también como investigada en la causa.

En concreto, Chamorro niega que su participación fuera decisiva en la contratación de la empresa privada que se quedó con el servicio de audioguías de la Alhambra. También apunta a Villafranca en relación a la responsabilidad sobre la decisión de no utilizar la vía de apremio para reclamar los impagos de la sociedad privada y de actuar para prorrogar ese contrato, con modificaciones que lo hacían más abultado.

Según su versión, la directora, “tras obtener el acuerdo del pleno", instó a los funcionarios implicados a “poner en marcha el expediente de prórroga”. Apunta Chamorro que Villafranca era consciente “de la problemática que se estaba produciendo” por la falta del servicio de información y que por eso optó por incluir ese servicio en la prórroga del contrato de audioguías. Chamorro niega cualquier “connivencia” con la empresa porque ella en realidad manifestó su “postura contraria a prorrogar el contrato a la empresa, habida cuenta de la deuda acumulada y su determinación de acudir a la vía de apremio”.

El caso Audioguías comenzó en 2015 a raíz de la una investigación de la Agencia Tributaria a la empresa contratista de la Alhambra. La detección de posibles irregularidades fue comunicada a la Fiscalía, que tras realizar sus propias pesquisas, presentó una querella. El Juzgado de Instrucción 4 de al capital abrió diligencias y una de las primeras medidas fue la detención de los principales responsables de la Alhambra en aquel verano de 2015.

El arresto de la directora del monumento fue una bomba mediática que acabó con la dimisión de Villafranca en el cargo y el inicio de una investigación que poco a poco fue creciendo hasta que se revisaron decenas de contratos realizados en aquellos años con personas o empresas privadas. La Policía y el juez sospechaban que se hicieron contrataciones a dedo y todo esto derivó en la apertura de otro caso judicial más amplio, con casi una treintena de investigados, conocido como Colina Roja. 

A finales del año pasado, fruto de un recurso de la misma Mar Villafranca, la Audiencia de Granada ordenó cerrar el caso Colina Roja por un incumplimiento de los plazos legales, lo que ha levantado una polvareda por la posible "impunidad" denunciada por el juez instructor. Está pendiente de varios recursos de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía. 

El caso Audioguías, que fue el origen de todo, sí ha continuado su tramitación hasta ahora, cuando el mismo magistrado tendrá que decidir si procesa a los investigados o si archiva el caso, una vez que tenga los informes de todas las partes acusadoras tras casi 4 años de trabajo. La Fiscalía ya se ha pronunciado a favor de llevar a juicio a Chamorro, a Villafranca y al empresario por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.