La gestión económica, contable y presupuestaria de Cetursa Sierra Nevada, la empresa pública que explota la estación de esquí granadina, ha recaído ahora en los despachos de la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla. Con esta delegación de competencias aprobada el pasado 16 de septiembre, la administración autonómica traslada una larga lista de funciones relacionadas con el día a día de la sociedad ubicada en Pradollano, desde la confección de presupuestos a la autorización de gastos.

Desde la Junta y Cetursa, se resta importancia a esta movimiento, porque se considera un formalismo de cambio de persona responsable de esta gestión económica. Es decir, que las competencias que dependen del viceconsejero de la Consejería de Fomento (porque Cetursa está adscrita a este departamento de la Junta que dirige la consejera granadina Rocío Díaz) se asignan ahora al titular de la Dirección General de Movilidad y Transportes. Ambas fuentes descartan que tenga importantes efectos prácticos esta resolución que entró el vigor el pasado sábado, un día después de su publicación en BOJA. 

Según esa resolución firmada por el viceconsejero Mario Muñoz, éste acuerda que se deleguen las "competencias derivadas de la gestión económica, contable y presupuestaria relacionada con Cetursa Sierra Nevada SA en la persona del titular de la Dirección General de Movilidad y Transportes. 

La justificación de tal medida adoptada sería la de "agilizar y simplificar la gestión presupuestaria, contable y económica vinculada a Cetursa, S.A.", además de "alcanzar un óptimo nivel de eficacia y eficiencia en la instrucción y resolución de los procedimientos derivados de dicha gestión".

El objetivo de este cambio en el funcionamiento es "delegar determinadas competencias en un órgano directamente relacionado con el ámbito competencial de Cetursa, S.A., como es la Dirección General de Movilidad y Transportes", ya que esta empresa se dedica fundamentalmente al transporte por cable (los remontes de la estación).

Entre esas competencias citadas aparecen, entre otras, las de elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su presupuesto, administrar los créditos para gastos del presupuesto y de sus modificaciones, autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia, disponer o comprometer los gastos de su competencia, contraer o reconocer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía o proponer el pago de las obligaciones a la Consejería competente en materia de Hacienda. 

Entre la detallada lista de competencias económicas que se trasladan a la Dirección General de Movilidad se hace expresa referencia en varios apartados a la petición y gestión de fondos europeos, así como al control de su gestión de los expedientes de gasto relacionados. Incluso se llega a trasladar la función de asesoría a Cetursa sobre la "elegibilidad de las propuestas de actuaciones que se planteen financiar con fondos europeos". 

Auditorías y antecedentes

Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno andaluz, hace más de cuatro años, una de las prioridades fue auditar y controlar la gestión de los organismos públicos que dependen de la administración autonómica. Para ello se encargaron una serie de auditorías, entre las que se incluyó a Cetursa, que es una empresa pública en la que además de la Junta participan otras administraciones, aunque con un accionariado más minoritario. Es el caso de los ayuntamientos de Granada y Monachil y de la Diputación Provincial. 

La auditoría elaborada por la consultora Deloitte por encargo de la Junta de Andalucía para hacer un diagnóstico completo se hizo pública en 2021, con varias recomendaciones, entre las que estaban la de evaluar la posibilidad de "contar con capital privado" que aborde el plan de inversiones millonarias necesario para la próxima década, ya que se ha detectado un importante déficit de actualización y mejoras de calado en la estación de esquí durante los últimos años. El trabajo también hacía hincapié en los problemas generados por el elevado gasto de personal. Con los datos económicos a junio de 2021, se advertía de “la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, e igualmente sobre los importes y plazos por los que finalmente se recuperarán los activos y se podrán liquidar los pasivos”.

Tras el análisis de estas conclusiones, el Gobierno andaluz no tomó decisiones drásticas al respecto, salvo la de hacer una ampliación de capital necesaria por los problemas económicos que generaron los cierres de la pandemia. 

En noviembre de 2021, la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, a través de la Dirección General de Patrimonio, anunció que inyectaría 6,8 millones de euros (de los fondos de recuperación Covid) en la empresa pública Cetursa Sierra Nevada para fortalecer sus cuentas tras el golpe de las restricciones por el coronavirus en las últimas dos temporadas. Con ese dinero adquiría 471.567 nuevas acciones de Cetursa. Pocos días después, el Ayuntamiento de Granada, gobernado en ese momento por el PSOE,  ratificó también su participación para mantener una representación total en Cetursa del 2,63% gracias a la adquisición de casi 13.000 acciones en una operación que se aprobó por decreto del alcalde de 30 de diciembre de 2021 relativo al derecho de adquisición preferente de acciones de Cetursa Sierra Nevada, S.A.

La propia sociedad Cetursa había hecho una petición de ampliación de capital con un objetivo: “la aportación de recursos para fortalecer el balance de la Sociedad, mejorando la estructura de fondos propios y con ello mitigar, parcialmente, el impacto del COVID 19 que ha supuesto unos menores ingresos de facturación y pérdidas por importe de 38 y 17 millones de euros, respectivamente”.

Según la memoria que se hizo en su día, la estructura financiera de Cetursa “se ha visto seriamente comprometida” desde el inicio de la pandemia con un Fondo de Maniobra negativo de 3,1 millones de euros. 

Otra circunstancia que en los últimos años ha estado relacionada con la gestión económica de Cetursa es la condena a su ex consejera delegada, María José López. El Tribunal de Cuentas la condenó al reintegro de 58.512 euros a la Junta de Andalucía por el menoscabo de fondos públicos que sufrió la empresa de la estación de esquí debido a los pagos "indebidos o carentes de justificación" que fueron realizados durante el ejercicio 2015 a determinados trabajadores.

En la sentencia, difundida este verano, el Tribunal de Cuentas considera que "existe una conexión directa" entre la conducta de María José López y el daño producido a los fondos públicos de Cetursa, y ha supuesto además una vulneración de la normativa presupuestaria y contable reguladora del Sector Público.

Fuentes de la empresa señalan que los procesos de gestión económica ya llevan años muy controlados y auditados por encargados del seguimiento y por la propia Intervención General, en última instancia. El último cambio aparecido hace unos días en BOJA detalla cada una de las funciones de control económico, contable y presupuestario que cambian ahora de departamento responsable, lo cual no implica un mayor seguimiento y se justifica como una "agilización y simplificación".