El Juzgado Mercantil estará atascado por las cláusulas suelo hasta 2020

Cuando el juez Rafael Leonés Valverde llegó en septiembre de 2012 al único Juzgado de lo Mercantil que hay en Granada, éste era sin duda "el peor de la provincia con mucha diferencia". Él mismo cuenta que la plaza no la quería nadie, pero que en su caso le vino bien para el ascenso a magistrado y le permitió llegar con solo 34 años a un juzgado en la codiciada capital granadina. En aquel momento de plena crisis económica la situación era mala por la acumulación de procedimientos concursales de las empresas de la provincia; pero lo peor estaba a punto de llegar, y fueron las cláusulas suelo. A partir de 2013 el aluvión de demandas produjo un colapso absoluto del Juzgado del que no se prevé una salida hasta 2020.

En aquellos años, los Juzgados de lo Mercantil eran los únicos competentes para conocer los asuntos de las cláusulas suelo (condiciones generales de contratación) y como en Granada solo había un órgano de este tipo, allí se comenzaron a acumular los miles de folios que iban entrando. Ante la saturación de estos juzgados en bastantes provincias españolas, a finales de 2015 el gobierno de los jueces optó por repartir esta competencia entre todos los órganos de primera instancia de cada provincia, que en Granada son una treintena. Pero ahora -desde el 1 de junio- la decisión ha sido volver al modelo concentrado, con la especialización de un solo juzgado en cada provincia (Primera Instancia 9, en el caso de Granada), lo que ha provocado la protesta generalizada de todo el ámbito judicial.

Los efectos aún vigentes que la acumulación de demandas de cláusulas suelo provocaron en el Mercantil de Granada son, para los juristas, el mejor ejemplo del "colapso" que se avecina en Primera Instancia. El Mercantil, a pesar de no ingresar nuevos pleitos de este tipo desde finales de 2015, mantiene un atasco del que no prevé salir hasta finales de 2019. La última audiencia previa de cláusulas suelo ya está señalada para marzo de 2018. Pero este tipo de asuntos requiere dos vistas y el periodo de espera está en 9 meses para cada una. De modo que el tapón actual es de dos años.

Y todos esos cálculos, si se mantiene el actual refuerzo, que consiste en una segunda jueza, otro letrado de la administración de justicia y dos funcionarios más de apoyo. "Si me quitan el refuerzo se alargan los plazos y estaríamos hablando de 2021. No me puedo duplicar", explica Leonés Valverde, para quien el mantenimiento de este apoyo es ahora mismo mucho más importante que la creación del tan demandado segundo juzgado de lo Mercantil en Granada.

Entre los dos jueces ha articulado un sistema de trabajo ya rodado que permite aumentar cada año el número de asuntos resueltos, por encima del millar. Se celebran vistas todos los días de la semana (un juez, martes y miércoles; la otra, lunes y jueves, y el viernes alterno). Cada día suelen celebrar 15 audiencias previas solamente de cláusulas suelo o 4 juicios sobre el mismo tema. "Y después tengo que poner mis 5 o 6 sentencias", también de reclamaciones contra los bancos, explica el titular de este Juzgado que está resolviendo ahora los procedimientos de 2014 y le queda pendiente todo 2015. En Primera Instancia, mientras la tarea ha estado repartida entre los más de 30 juzgados, se han dictado sentencias de asuntos que entraron en 2016.

El problema no es solo la espera que tendrán que aguantar los ciudadanos para la resolución de estos procedimientos, si no que el tapón afecta a todos los asuntos del mismo juzgado, algunos tan importantes como el concurso de empresas que tienen cientos de acreedores esperando para cobrar, a veces incluso para sobrevivir económicamente.

Ahora mismo el juzgado está señalando vistas para enero de 2019 y con esta agenda -aún lastrada por las cláusulas suelo-, basta con que un acreedor impugne un crédito para que todo el proceso se paralice más de un año, que es el tiempo necesario para señalar la vista que lo resuelva. Hay concursos aún pendientes que datan de 2009.

El trabajo de las cláusulas suelo "incrimina tanto volumen y esfuerzo del juzgado, que es tiempo que no se dedica a otras materias. Lastra todos los procedimientos", explica el magistrado titular. Además de los concursos, los temas de propiedad industrial o intelectual, el transporte o simples impugnaciones de acuerdos en una sociedad pueden demorarse dos años, entre audiencia previa y juicio.