La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para este martes, 14 de noviembre, el juicio del caso en el que la Fiscalía ha pedido seis años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros para un acusado por supuesto fraude al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que habría usado una empresa de comercio sin "actividad real" para conseguir prestaciones por hasta 256.100 euros.

Todo ello en el marco de una trama de la que se habrían beneficiado otros 25 procesados, que se enfrentan en esta misma causa a penas de entre dos años y un mes y dos años y ocho meses de cárcel.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado principal figuró dado de alta como autónomo desde el 18 de junio de 2011 hasta el 2 de abril de 2018 con una actividad empresarial declarada como "comercio al por menor en establecimientos no especializados" y con domicilio en Purchil, en término de Vegas del Genil, en el área metropolitana de Granada.

Sin embargo, a partir de 2015 la empresa supuestamente "se utilizó para crear una apariencia de actividad laboral inexistente con el exclusivo fin de realizar altas ficticias en la Seguridad Social y con ello obtener prestaciones ilícitas en beneficio propio y de los supuestos trabajadores".

En este contexto, el acusado principal habría facilitado a la Administración toda la documentación para "crear la ficción empresarial descrita y realizó las altas en la Seguridad Social" en connivencia con los demás acusados, que habrían aportado también "contratos de trabajo y certificados de empresa mendaces".

No habría abonado las cuotas correspondientes al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde enero de 2015 "ni las cuotas de la Seguridad Social de los supuestos trabajadores contratados", que habrían percibido ilícitamente del SEPE y el INSS cantidades de entre 2.556 y 16.311 euros, incluyéndose en este último caso el cobro de 4.397 por prestaciones por maternidad.

Dos de ellos se enfrentan a dos años y ocho meses de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de fraude de prestaciones, y los 23 restantes, a dos años y un mes por un supuesto delito de fraude de prestaciones.