Seis delitos –homicidio, robo, dos de tenencia ilícita de armas, de hurto y un último leve de daños– , peticiones de entre 23 y 42 años y medio de cárcel y el pago de más de 330.000 euros de indemnización. Estos son los cargos y penas a los que se enfrenta Juan Antonio M. G., alias el Kiki, por la muerte de José Manuel Arcos, el guardia civil al que mató tras dispararle durante una persecución policial en octubre del 2018. Un año y ocho meses después de que aquella madrugada del 15 de octubre acabase con la vida del agente Arcos, arranca el juicio por su homicidio y de una forma muy singular.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada acoge este lunes la primera vista de esta causa, que se extenderá hasta el próximo viernes día 5 de junio, la cual se postula como el primer juicio con jurado popular que se celebra en toda Andalucía desde que se declaró el estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Ante ello, la sala ha sido habilitada de tal forma que los miembros del jurado, el magistrado que presida la vista, el fiscal, así como los abogados de las distintas partes, estarán aislados de forma individual en cubos de metacrilato transparente; la vista se celebrará a puerta cerrada y todos los participantes deberán acudir ataviados con mascarilla y guantes.

Pese a la declaración del estado de alarma, la fecha de inicio de este juicio finalmente se ha mantenido, pese a que su causa no estuvo exenta de polémica. Y es que, como ya publicó Granada Hoy el pasado mes de enero, un error durante la recopilación de pruebas de este homicidio obligó a realizar un segundo informe de balística.

Lo ocurrido fue que durante la medición de la trayectoria de las balas disparadas se produjo un error, por lo que el primer informe de balística realizado quedó anulado y tuvo que realizarse un segundo, algo que pudo haber sido la causa de que finalmente el Kiki no se enfrente también a un delito de tentativa de homicidio contra la otra agente que acompañaba al fallecido durante la persecución que acabó con su vida.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2018. Quedaban menos de dos horas para que el agente Arcos y su compañera acabasen su turno –terminaba a las seis de la mañana–, cuando recibieron un aviso de un robo en un bar de Las Gabias en el que se había visto implicado un Ford Escort color blanco. La pareja de guardias civiles, pertenecientes al puesto de La Zubia, se encontraban patrullando por Huétor Vega y, según la alerta, el sospechoso podría haber huido hacia Cájar por lo que, en teoría, quedaba fuera de su área. Sin embargo, minutos después recibieron un segundo aviso: el sospechoso podía dirigirse a Huétor Vega.

Sobre las 4:00 horas un vehículo que casaba con la descripción pasó por donde se encontraban estos agentes y realizó una maniobra sospechosa, probablemente porque "manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma", según recogió el fiscal en su escrito provisional de acusación.

Ante ello, los agentes trataron de darle el alto, algo a lo que el conductor, que era el Kiki hizo caso omiso, lo cual desembocó en una persecución que se extendió hasta que el acusado chocó contra un vehículo aparcado, tras lo que "cogió una mochila y salió huyendo a pie". Los agentes fueron tras él iniciando una persecución a pie en la que el ahora fallecido realizó dos disparos intimidatorios al aire mientras el Kiki entraba en la calle Tempranillo. Allí, el agente sacó su defensa extensible y dio indicaciones al presunto homicida para que se tirara al suelo, mientras su compañera "como podía le sujetaba".

El agente Arcos logró golpearle en la pierna pero no cayó al suelo y continuó su huida, momento en el que iniciaron de nuevo otra persecución. Sin embargo, "a la agente se le cayó el portófono al suelo, lo que hizo que perdiera distancia respecto a su compañero" y empezó a guiarse por las voces de ambos.

Fue entonces cuando el agente Arcos logró alcanzar al acusado e iniciaron un forcejeo en el que el Kiki logró hacerse con su arma reglamentaria y dispararle en la zona entre el abdomen y la ingle, una herida que horas después le produjo la muerte.

Pero, además, según el relato que realizó el magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de Granada, sobre el que recayó la causa en primera instancia y que fue quien acordó iniciar el procedimiento para que fuera finalmente juzgado por jurado popular, la agente "desenfundó, montó su arma y salió hacia el individuo que le llevaba unos 20 metros de distancia y efectuó un disparo intimidatorio al aire a la vez que gritaba alto".

En ese momento, el homicida se dirigió hacia ella y supuestamente le disparó sin llegar a alcanzarla, tras lo que logró huir con el arma del agente Arcos hasta un cortijo donde se escondió, se cambió la ropa y se hizo con otro vehículo. Finalmente, sobre las 10:00 horas, fue detenido en un control policial montado para darle caza durante la operación Jaula, dos horas después de que el agente Arcos falleciera en el hospital.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para el Kiki 23 años de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros y otros 334.000 como indemnización a la familia, una pena a la que se ha adherido la Asociación Profesional Justicial Guardia Civil (JUCIL), que ejerce como acusación popular a través del letrado Francisco Javier Ortega, de Lexforma Abogados. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que también actúa como acusación popular, pide para el acusado una pena de 23 años; mientras que la acusación popular, que ejerce la familia de la víctima, solicita 42 años y medio de prisión. Por su parte, la Abogacía del Estado interesa para el Kiki una pena de 37 años de cárcel.