Había mantenido su fecha inicial pese a la alerta sanitaria por el coronavirus. Se había habilitado la sala de la Sección Primera de la Audiencia Provincial con mamparas de metacrilato transparentes individuales para así cumplir con las medidas sanitarias. Todas las miradas estaban puestas en este juicio porque sería el primero del país que se celebraba con jurado popular después de declararse el estado de alarma. Sin embargo, cuando las partes y miembros del tribunal y jurado ya se encontraban en la sala, la vista quedó aplazada. El juicio contra el Kiki por matar en octubre de 2018 al agente de Arcos de la Guardia Civil quedó este lunes suspendido por "falta de seguridad en la sala".

A primera hora de la mañana, poco antes de entrar al lugar donde estaba previsto que se iniciase esta causa judicial –debía extenderse hasta el próximo viernes y ahora ha quedado aplazada y aún sin nueva fecha–, el abogado que representa la acusación particular, Javier López García de la Serrana, acompañado de la mujer de la víctima, Raquel Pérez, ya dejó entre ver la posibilidad de que, dadas las circunstancias, la vista podría no celebrarse. "Se desarrolla en unas condiciones especiales y difíciles. Si es complicado para nosotros, que estamos acostumbrados a los juicios, imaginamos cómo debe ser para el jurado", indicó el letrado, que minutos después volvió a comparecer para manifestar la "dolorosa" pero lógica decisión de suspender la vista.

Un año y ocho meses después de que el Kiki acabase con la vida del agente José Manuel Arcos, la familia de la víctima volvía a estar cara a cara con el homicida. Arrancaba un juicio que estaba considerado como "ejemplar", dadas las circunstancias, y muy "duro" para la familia, como bien indicó la mujer de este guardia civil, Raquel Pérez, a su llegada a la Audiencia Provincial.

"Es muy duro, no es agradable ni para mí ni para nadie que pueda pasar por esta situación", aseguró la viuda del agente Arcos, acompañada por su abogado y otros familiares. Entre ellos se encontraba su hija, quien fruto del dolor por la muerte de su padre, sufrió una crisis nerviosa cuando vio aparecer a el Kiki, la persona que la madrugada del 15 de octubre de 2018, tras haber cometido un robo, haber protagonizado una fuga, una persecución y haber forcejeado con su padre cuando éste intentaba detenerlo, acabó con su vida de un disparo tras hacerse con su arma reglamentaria.

"Desde el minuto uno no he estado sola. Soy una afortunada en eso. No sé cómo lo voy a pagar y quiero agradecerlo porque me he sentido muy arropada. Espero que se haga justicia, por él y por todos, y sobre todo por mis hijos", aseguró Raquel Pérez, minutos antes de entrar a una vista para la que había estado "intentando mentalizarme, pensar que hay que pasarlo, hay que hacerlo y no queda otra", una situación que deseaba que "cuanto antes pase mejor".

La familia del guardia civil esperaba la llegada del Kiki a la Audiencia de Granada

Junto a ella, que además quiso recordar que los agentes de la Guardia Civil "son unos héroes grandísimos, pero detrás de ellos hay unas guerreras que nunca los vamos a dejar solos. Que eso lo sepa todo el mundo", estaba su abogado, López García de la Serrana, quien confiaba durante el juicio "poder llamar la atención sobre todo en aquellos detalles que entendemos que han quedado claro en la instrucción del sumario": "Pondremos de manifiesto al jurado todos los detalles puesto que los hechos son gravísimos y una situación así no se ha vivido en muchos años en Granada, gracias a Dios, y esperemos que no se vuelva a repetir", aseguró el letrado, que hubiera preferido que el juicio se iniciase la mañana de este lunes.

"Lo más importante es si el jurado está en condiciones mentales y anímicas para estar atentos durante cuatro días y hacer su labor", dijo López García de la Serrana, que además añadió que, por su parte y la de la familia de la víctima, a la que representa, querían que se celebrase, pero entendían la situación: "Queríamos celebrarlo para acabar con este auténtico calvario. Hay mucho sufrimiento acumulado. Es triste que se tenga que suspender, pero entendemos que las condiciones anímicas del jurado podrían ser complicadas y se trata de un juicio importante", añadió.

Precisamente, fuentes del Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron que la suspensión fue solicitada por algunas de las partes, algo a lo que el resto, incluida la Fiscalía y la acusación particular, finalmente se adhirieron sin oposición. Y es que entre los argumentos para tomar esta decisión se encontró el evitar posibles peticiones de nulidad de la defensa del acusado y garantizar que se respeten las condiciones de una tutela judicial efectiva.

Mientras que la Fiscalía solicita para el acusado una pena de 23 años de prisión y el pago de una indemnización superior a los 330.000 euros, la familia de la víctima solicita 42 años de cárcel: "Pedimos 42 años de prisión por un delito de homicidio agravado por tratarse de uno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; una tentativa de homicidio, por su compañera también guardia civil; delito de tenencia ilícita de armas, ya que portaba un arma de guerra. En definitiva, 42 años de prisión que entendemos que son justos", dijo López García de la Serrana.

Sin embargo, como bien aseguró el abogado, "hay que acreditar cada uno de los hechos y ahí veremos cómo se desarrolla el juicio", el cual consideró que "debe ser ejemplar en ese sentido, en las formas y en cómo se desarrolla para encontrar un veredicto que entendemos que debe ser culpable".

Quien también compareció ante los medios fue el abogado que representa a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), personada como acusación popular, que reivindicó "hacer justicia" ante una persona que "nunca debía haber salido de la cárcel y hay que ir a por ella para que vuelva al que tiene que ser si sitio natural". "Siento que sea así tan radical, pero es que esto clama al cielo. Hay pruebas más que suficientes para que este señor vuelva a donde no tenía que haber salido nunca: la prisión", dijo el letrado que representa a la AUGC.

También está personado en la causa como acusación popular la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), a través del letrado Francisco Javier Ortega, de Lexforma Abogados, que se ha adherido a la petición fiscal. Este letrado explicó que "una vez en el interior de la Sala el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, acusaciones populares así como abogado defensor a presencia de la Magistrada del Tribunal, antes de proceder a la elección de los miembros del Jurado, se puso de manifiesto la insuficiencia de las medidas de seguridad sanitarias adoptadas en la sala, tanto para los profesionales intervinientes como para los miembros del Jurado y testigos, por lo que nos hemos visto obligados a solicitar la adopción de mayores medidas de seguridad sanitaria o en su defecto la suspensión del juicio hasta que se puedan garantizar dichas medidas".

Finalmente y ante las difíciles circunstancias de llevar a cabo la causa judicial de una forma efectiva, el juicio quedó aplazado sin que, de momento, se haya fijado una fecha para su celebración.