Según las investigaciones, el funcionamiento diario de las clínicas habría consistido en ofertar tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en supuestas subvenciones. El objetivo de dirigirse a esta franja de población era la de captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante créditos al consumo.

El precio de los tratamientos era financiado por entidades de crédito, de modo que iDental actuaba como intermediario y era beneficiario directo de los fondos. El cliente o paciente quedaba como deudor de la entidad financiera, mientras que la clínica se veía libre de cualquier responsabilidad fuera del tratamiento. La sociedad usaba, según los investigadores, técnicas muy agresivas de marketing, mediante la bajada drástica de los precios iniciales.

Una vez que iDental cobraba el total de lo financiado y el cliente comenzaba a pagar las cuotas, las denuncias de perjudicados señalan que, o bien no se iniciaba el tratamiento con disculpas y anulaciones de citas, o se llegaba a hacer, pero con denuncias de mala praxis. El objetivo de las dilaciones era que venciese el periodo estipulado para que el cliente pudiese rechazar el tratamiento y su financiación.

Cuando el cliente pedía la anulación de las financiación y el reintegro del dinero, los responsables vuelven a dejar colgadas las citas. Los clientes sufren en ocasiones lesiones por tratamientos inadecuados con materiales de mala calidad o carencia de los mismos. También se ha denunciado que el personal era no cualificado y sin experiencia, y que se produjeron amenazas y coacciones por parte del departamento de calidad de Idental.

El modelo de negocio habría colapsado en octubre de 2017 por la deudas contraídas con los proveedores ocasionando que los empleados no cobraran su nómina y los pacientes no recibieran su tratamiento.