El juzgado que instruye el procedimiento por el caso del centro comercial Nevada ha rechazado mediante un contundente auto la pretensión del promotor, Tomás Olivo, y del Ayuntamiento de Armilla de ejecutar nuevas obras de seguridad en el inmueble, que está paralizado. Sin embargo, el magistrado se reserva fijar personalmente con el fiscal las "obras absolutamente necesarias" en previsión de riesgos a terceros.

El juez Miguel Ángel del Arco desconfía de que los trabajos propuestos se vayan a limitar a la "obras de conservación". Esgrime dos razones. Primera: en 2007 un juzgado de lo Contencioso ya autorizó obras de seguridad pero Olivo fue mucho más allá, hasta el punto de que ahora ha sido imputado por el fiscal por un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial. Y segunda, y como consecuencia de la primera razón: las obras pertinentes de seguridad no sólo se hicieron en su momento sino que se superaron ampliamente. Y un colofón: La insistencia de Olivo en plantear un recurso es "un intento más de continuar las obras".

El juez se pregunta en el auto por qué la Fiscalía no ha imputado al Ayuntamiento de Armilla por otro delito de desobediencia pues en el transcurso de las obras de 2007 no impidió a Olivo a ir más lejos de la autorización. "Resulta sorprendente", dice el auto, "que a nadie más alcanzase esa petición de imputación dado que respecto a esas obras correspondía un derecho-deber de inspección urbanística a la Corporación de Armilla".

Del Arco considera que el recurso de Olivo contra la oposición inicial del juzgado para continuar las obras en el Nevada no es trigo limpio. "Es te instructor, sea dicho con los debidos respetos, y no faltan antecedentes [...], no confía en el alcance de la serie de obras que se proponen o, mejor dicho, se ordenan, ante la situación fatal de la obra y más fatal de la instrucción que se termina y la acusación del fiscal".

El auto reconoce las competencias del Ayuntamiento de Armilla para ordenar obras de consolidación de lo ya edificado ante el peligro de derrumbe pero reitera sus sospechas: "Puede que falte voluntad de hacer medidas de aseguramiento y que sobre intención de finalizar la obra". Y para fundamentar sospecha recuerda que ni el Ayuntamiento ni el promotor han enviado al juzgado "un solo proyecto de obras, por básico que sea, que especifique lo que se proyecta". Eso sí, en caso de disponer del proyecto, se compromete a que lo sometería al examen de los peritos judiciales, el fiscal y las restantes partes interesadas en el procedimiento.

El juez considera sorprendente que las obras de urgencia esbozadas por el Ayuntamiento incluyan la "terminación de la estructura metálica", de los elementos de cubrimiento y el "cerramiento perimetral" con el pretexto de impedir "los esfuerzos del viento".