La investigación judicial relacionada con la construcción del céntrico edificio donde tienen su casa el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, (que es una pieza de la macrocausa Nazarí) ha dado un nuevo giro con el aterrizaje en el Juzgado de un nuevo informe pericial de los inspectores de la Junta de Andalucía. Este documento confirma conclusiones anteriores sobre ciertas irregularidades urbanísticas en el inmueble, pero la novedad es que constata la ilegalidad del proceso de concesión de la licencia de ocupación y cuantifica la sanción que debería haberse impuesto a los promotores en 125.950 euros, casi el triple de la que se acordó.

Entre los abundantes expedientes urbanísticos que se investigan en este caso de presunta corrupción municipal que estalló en 2016 con la Operación Nazarí (un amplio dispositivo policial destinado a detener a una quincena de personas, incluido el alcalde y los máximos dirigentes municipales en aquel momento), se encuentra el relacionado con el edificio ubicado en la calle Obispo Hurtado número 8. El inmueble fue levantado por una cooperativa formada por familiares y amigos del exalcalde del PP y la concejal de Urbanismo. El representante legal de la organización era el hermano de Torres Hurtado. 

La jueza desgajó hace algunos meses este asunto en una pieza separada que parecía estar abocada al archivo, tras la petición de sobreseimiento formulada por la Fiscalía en otoño pasado.  La fiscal del caso exponía en su informe que "a pesar de que se incumplió la legalidad urbanística (...) la actuación queda fuera de la sede penal y, en su caso, deberá dar lugar a responsabilidades en la vía correspondiente". Se refería la representante de la acusación pública a al "deber moral y de buenas prácticas en el ejercicio de la función pública", porque es una "obligación legal" que Torres Hurtado y, sobre todo, Isabel Nieto (que era la responsable directa de Urbanismo) se abstuvieran  en la tramitación de los expedientes donde ambos tenían un "interés personal", algo que no hicieron.

La Fiscalía pidió el archivo de la pieza del caso Nazarí porque las irregularidades no tenían relevancia penal

Pero la acusación particular del empresario Ramón Arenas no se contentó con este final para la pieza conocida como la de la Casa del alcalde. Pidió a la jueza que encargara a los peritos nuevas aclaraciones técnicas sobre la construcción y sobre la tramitación de las licencias. 

Los peritos ha remitido al Juzgado un nuevo informe de siete páginas fechado el 1 de junio y al que ha tenido acceso este periódico. En él aportan respuestas a preguntas concretas. Así, por primera vez dejan constancia de la sanción que según sus cálculos debió de imponer el Ayuntamiento de Granada a los promotores del edificio por las obras no autorizadas, calculado sobre 807 metros cuadrados. Serían 125.950 euros, frente a los 46.045 que finalmente estableció la institución municipal para sus propios gobernantes. Esto ocurrió después de rebajar la primera multa calculada por el inspector que detectó irregularidades, que era de casi medio millón de euros.  

Hay otra cuestión controvertida que aporta novedades en este informe y es el proceso de tramitación de las licencias. En su primer trabajo, los inspectores ya dijeron que había irregularidades como la referente a los "cuerpos volados", que son los balcones exteriores de la fachada, y otra sobre el "incumplimiento de la altura mínima" en algunas estancias del inmueble, hecho que fue detectado por los propios inspectores municipales antes de la concesión de la licencia de ocupación y que dio lugar al cambiante expediente sancionador.

Los inspectores de Ordenación del Territorio de la Junta concretan ahora que, dado que la licencia de obras se dio condicionada a la restitución de aquellos defectos, la posterior licencia de ocupación (que fue firmada justo antes de las elecciones de 2015) tendría que haber comprobado esos aspectos. "Se incumplieron las condiciones de la licencia" y por ello habría que haber denegado la ocupación. Además, sería preceptivo -según los peritos- abrir un expediente de protección de la legalidad urbanística y en paralelo otro sancionador. 

Pero al margen de lo anterior, y aquí viene la parte más sensible, los "vicios de nulidad" de la licencia no pueden ser subsanados con los expedientes anteriores y sería necesario un "expediente de revisión de oficio de la licencia". Los técnicos dejan esa pelota en el tejado del propio Ayuntamiento de Granada, que tendría que valorar ahora si procede esa revisión (un mecanismo que en el caso más extremo puede acabar en la demolición). Admiten los peritos que la Junta insta esas revisiones en algunos casos, pero siempre que hay un "interés supralocal", de modo que consideran el municipio el único competente para anular la licencia de la casa del exalcalde. 

Por poner un ejemplo conocido, sería un camino similar al que la Junta trató de seguir con el Centro Comercial Nevada, cuya licencia consideraba ilegal y por ello instó al Ayuntamiento de Armilla a su anulación. En paralelo también inicio un contencioso para decidir sobre la legalidad del permiso en los juzgados, que al final ganó el promotor Tomás Olivo y la Administración autonómica tuvo que indemnizar a la empresa por los años de paralización.  

En cuanto a la participación activa de Isabel Nieto como concejal de Urbanismo en la tramitación de las licencias de su propia vivienda, los peritos no entrar a valorar el papel de ésta, pues consideran que está fuera de su cometido de valoración técnica y jurídica de la legalidad urbanística.