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La Oficina contra el acoso de la Universidad de Granada suma medio centenar de casos en lo que va de año

Lectura del manifiesto, este viernes en el Hospital Real.

Lectura del manifiesto, este viernes en el Hospital Real. / jose velasco / PS

La Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso (OPRA) de la Universidad de Granada (UGR) ha sumado en lo que va de año un total de 50 casos atendidos, según la información facilitada por la propia Oficina. Este ente se creó con la finalidad de "proporcionar un ambiente de aprendizaje, de trabajo y de vida donde se respeten los derechos y la dignidad de todos los miembros de la Comunidad Universitaria", según consta en su página web.

Desde la misma oficina se apunta que "todos los casos atendidos -medio centenar- no son exclusivamente de acoso sexual o violencia de género y tampoco todos se han dado en el seno de la Universidad". Una vez que se formula una situación de acoso ante esta Oficina -que colabora con la Inspección de Servicios y el Defensor Universitario- desde la misma se ofrece seguimiento durante todo el proceso; asesoramiento psicológico y asesoramiento jurídico si fuera necesario.

El balance ofrecido por la OPRA coincide con la conmemoración de la jornada dedicada a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre, día que en el caso de la Universidad de Granada tuvo como acto central la lectura de un manifiesto a las puertas del Rectorado a cargo de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Mar Venegas. También se leyeron sendos manifiestos por parte de UGT y CCOO y se guardó un simbólico minuto de silencio.

La Universidad de Granada se dotó el 26 de octubre de 2016, tras llegar al cargo de rectora Pilar Aranda, de un protocolo de respuesta ante los casos de acoso -no sólo sexual, también el laboral, por razón de sexo, psicológico, moral o ciberacoso- que se dan en la comunidad universitaria, una realidad que también se da en facultades, escuelas y centros de investigación.

En estos años de andadura se han hecho públicas varias denuncias de presuntos caso de acoso que se han abordado desde la Inspección de Servicios y, en algunos casos, han llegado al juzgado. Entre las últimas denuncias conocidas está la de una estudiante de doctorado que expresó su malestar por la respuesta dada a su caso desde la Universidad de Granada en una entrega de premios del Consejo Social. El Rectorado, tras aquella intervención, indicó que se trabajaba en esta denuncia que, según las mismas fuentes, ha llegado hasta el juzgado. Al iniciarse el procedimiento judicial el expediente interno de la Inspección de Servicios -que debía terminar con una resolución del rector- ha quedado en suspenso. Sí se indicó que se habían tomado medidas para evitar que la estudiante y la persona denunciada coincidieran en el mismo centro universitario.

La respuesta de la Universidad de Granada ante los casos de acoso también figuró en la pasada campaña electoral a rector. En el caso de Pedro Mercado, que finalmente fue elegido en los comicios celebrados el pasado mes de mayo, en su programa electoral se señalan como objetivos del mandato publicar un compromiso de tolerancia cero con todos los casos de discriminación, acoso o violencia por razón de género o en contra de la comunidad LGTBIQA+. Además, Mercado se comprometió en dicho programa electoral a  "revisar los protocolos internos para agilizar la resolución de los procedimientos ante situaciones de acoso, con especial atención a la adopción de medidas cautelares ante denuncias de carácter grave".

En siete años, desde la creación de la Oficina y la puesta en marcha del protocolo contra el acoso en la UGR, se han atendido un total de 39 casos de acoso sexual y otros 34 de violencia de género, según los datos aportados por este ente. Por otro lado, al Defensor Universitario -que antes de la puesta en marcha era quien junto con la Inspección de Servicios tramitaba las denuncias relacionadas con el acoso- desde 2017 ha recibido doce casos agrupados bajo este epígrafe. Durante todo el curso académico se atienden casos de víctimas de violencia de género para la excepción de matriculas, cambio de turno, traslado de expedientes, modificación de exámenes y prácticas, en el caso de ser necesario, atendiendo como mediación académica, explican desde la propia OPRA.

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