Para evitar que malpensados y maledicentes, tan numerosos, gasten tiempo en chismorreos e insignificancias, diré que la denuncia que sigue es el texto de alguien que ha participado desde el principio en el desarrollo del Parque de las Ciencias de Granada, que se siente parte íntima de él, que colabora asiduamente en actividades organizadas allí y que mantiene amistad personal con algunos de los directivos del mismo.

Así que si alguien piensa que quien habla es alguien interesado en su defensa diré que sí, que no solamente me interesa todo lo que sucede allí sino que además me importa mucho y, por tanto, me considero obligado a señalar los atropellos que menoscaben el valor y el prestigio de uno de los museos de ciencia más prestigiosos de Europa, que por insólito que parezca soporta mucha hostilidad, mucha inquina, mucha difamación doméstica. He sido testigo de las muchas embestidas que sus opositores le han propinado, de manera que hablo con conocimiento de causa.

Lo que denuncio ahora es que la Junta de Andalucía, al amparo de la Ley de Presupuestos de 2019, va a suprimir el modelo de gestión económica del Parque de las Ciencias, que, para quien lo desconozca, es un Consorcio en el que la Junta de Andalucía tiene mayoría, pues es quien más financiación aporta, pero en el que participan también el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y CajaGranada Fundación.

El caso es que hasta ahora ese Consorcio gozaba de autonomía financiera real, tomaba decisiones con celeridad y criterio propio, asumía a diario retos que sobrepasaban sus posibilidades y sus medios materiales, ideaba e innovaba constantemente, establecía acuerdos con organismos e instituciones de todo el mundo sin complejos ni cortapisas… Es decir, el Parque de las Ciencias ha venido demostrando lo que se espera de un organismo público del siglo XXI: capacidad de trabajo, creatividad, cooperación internacional, control minucioso del presupuesto, gestión transparente, búsqueda constante de recursos externos… Y ese éxito ha sido posible porque disponían de un modelo de gestión económica basado en la autonomía, la agilidad, la eficiencia y la confianza.

Ese modelo de funcionamiento, propio del siglo XXI, se quiere quebrantar ahora para imponer otro más propio del siglo XIX: centralizado, oficinesco, parsimonioso, suspicaz… Es decir, la Junta de Andalucía quiere administrar un centro de vanguardia científica con los procedimientos y la mentalidad del ministro de hacienda de Isabel II, por mucho que se recurra al tópico vocabulario informático.

La Junta quiere administrar un centro de vanguardia científica con los procedimientos y la mentalidad del ministro de hacienda de Isabel II

Produce grima escuchar a políticos y altos funcionarios proclamando constantemente la necesidad de modernizar la administración pública a la par que intensifican las trabas, la morosidad y la reticencia. Lo que ahora se quiere consumar es el dominio de la rigidez frente a la flexibilidad, la burocracia frente a la eficiencia, el laberinto frente a la llanura. Se dirá que la ley es la ley y que hay que cumplirla sin resistencia. Nadie pone en duda eso. Faltaría más. La cuestión es saber si en nombre de la ley aprobada en el Parlamento de Andalucía por las derechas gobernantes se debe desmantelar el progreso e imponer el retraso.

Desbaratar su modelo de gestión es quebrar la propia naturaleza del Parque de las Ciencias. Y que nadie piense que la alternativa es el descontrol y la opacidad. Aparte de las auditorías y la constante rendición de cuentas ante el Consejo Rector (que yo sepa nunca ha habido indicios de malversación o corrupción) el Parque de las Ciencias roza casi el 50% de ingresos propios, cuando lo previsto es que fuese del 33%. Un logro admirable, que ha sido posible, entre otras causas, gracias a los convenios internacionales firmados con museos y organismos científicos de todo el mundo, como la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, y gracias asimismo a la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas de manera diligente, imaginativa y competente.

Es disparatado pensar que en adelante habrá que iniciar un trámite administrativo cada vez que se vaya a tomar una decisión de gasto a propósito de un convenio de colaboración, por ejemplo, con el Natural History Museum de Londres o el Tekniska Museet de Estocolmo. ¿En qué cabeza cabe? Eso es desconocer por completo cómo funcionan los organismos resolutivos y eficientes. Lo que se va a poner en marcha es sencillamente un modo disimulado de intervención política y de asfixia económica progresiva.

Las consecuencias negativas son previsibles. Conociendo la sempiterna tardanza de la administración para pagar, los proveedores incrementarán el costo de los servicios para compensar la dilación de los pagos, con lo que el importe de los servicios se elevará automáticamente.

Las compras que hasta ahora se podían negociar a la baja con la garantía de un pago rápido en el futuro serán más costosas por la incertidumbre de la fecha de cobro. A la vez se va a desincentivar la búsqueda de recursos y la autofinanciación. Hasta ahora, todos los recursos que generaba el Parque de las Ciencias, en alquiler de exposiciones propias, por ejemplo, revertían en el propio Parque. A partir de ahora, no. Desde el 1 de enero de 2020, todo lo que el Parque genere, desde ingresos en taquilla a servicios prestados, irá a una cuenta de la Junta de Andalucía que será gestionada por funcionarios de la Consejería de Hacienda, con lo que, previsiblemente, se ralentizarán o se eternizarán los pagos. Lo que ahora se gestionaba en pocos días, de ahora en adelante tardará semanas, meses, ¿años?, en resolverse. Todos hemos padecido los enredos burocráticos. Es decir, se harán menos cosas y serán más caras, hará falta más personal de administración para hacer lo mismo que se hace ahora, se perderán oportunidades de colaboración y la eficiencia económica disminuirá.

Lo peor de todo este asunto es que el estropicio que se avecina podía haberse evitado, pues había y hay alternativas. ¿Por qué entonces desmantelar un sistema avanzado de gestión, que ha costado tanto construir y ha dado excelentes resultados, para adoptar un sistema contrario a los fines y la naturaleza misma del museo? ¿No se defiende constantemente la necesidad de poner en marcha un sector público moderno y ágil? ¿A qué viene entonces desarticular un modelo de gestión que lo había conseguido?        Esta es la cuestión de fondo.

Dejando a un lado lo obvio y exasperante -las contradicciones e incoherencias de los políticos (ahora hago lo que antaño critiqué furibundamente), las falsas promesas, las dilaciones injustificadas, la medianía y la falta de criterio personal de los cargos políticos, los sometimientos a las directrices de los dirigentes de los partidos…, es decir, los comportamientos que han desprestigiado irremediablemente la acción pública-, a mi juicio los motivos de semejante arbitrariedad pueden ser la ignorancia (no son capaces de entender el daño que van a ocasionar) o la arrogancia (sí lo saben, pero es más importante demostrar el poder que se tiene). El caso es que una vez más, y ya son demasiadas, el Parque de las Ciencias va a sufrir una irreflexiva, innecesaria y fatídica acometida.