"La sede ya es de la familia del PP". Este anuncio hecho público ayer por el presidente provincial del partido, Sebastián Pérez, supone el cierre de un negocio que comenzó antes de 2013, cuando el promotor Roberto García Arrabal firmó con el propio Pérez un contrato de alquiler de un enorme local en el recién construido edificio Progreso, una controvertida promoción urbanística cuya legalidad está siendo investigada por el juzgado del caso Nazarí.

En el contrato de alquiler de este local en el Zaidín, que tenía un coste para el PP de 8.000 euros mensuales, incluyeron una opción de compra por 2 millones de euros, precio al que se le descontaría todo lo pagado por el arrendador hasta esa fecha. Hay que tener en cuenta que el gasto del alquiler de estas instalaciones era de 96.000 euros anuales. Cuando este mes de junio se cumplieron los cinco años del contrato, el PP habría pagado o contraído una deuda de 480.000 euros.

El contrato de alquiler de este local tenía un coste para el PP de 8.000 euros al mes

En la misma fecha de ese contrato de arrendamiento, 27 de mayo de 2013, consta que el gerente del PP firmó otro acuerdo con el mismo empresario por el que se alquilaban una serie de bienes muebles. El coste estipulado era de 3.018 euros al mes. Y también tenía un opción de compra, aunque esta vez a los 10 años, un plazo más que suficiente para haber pagado con creces los 260.000 euros estipulados para la adquisición definitiva. Estos acuerdos de compra a largo plazo han servido al PP para que el propio empresario ayudara a financiar la adquisición del local y sus enseres.

Todos estos documentos, relativos a los contratos de alquiler, salieron a la luz hace un año en el transcurso de la investigación del caso Nazarí, el asunto judicial de presunta corrupción municipal para dar "trato de favor" a algunos empresarios, entre los que estaba García Arrabal. Esta es la hipótesis que maneja en sus indagaciones la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que ya ha hecho varios informes al respecto.

El estallido de aquel caso en 2016, con la detención del entonces alcalde del PP, José Torres Hurtado, y del empresario promotor de la sede del partido, puso de relieve que entre los asuntos urbanísticos investigados por ese posible "trato de favor" estaba la construcción del edificio Progreso, al que el Ayuntamiento habría facilitado ciertos cambios urbanísticos para aumentar su rentabilidad. En aquel momento, los dirigentes provinciales del partido se apresuraron a dejar muy claro que el local no era de su propiedad y que solo tenían un acuerdo de alquiler, lo que suponía una forma de desvincularse de la investigación judicial abierta.

El local ocupado actualmente por el PP provincial en el edificio Be Suites (antiguo Progreso), tiene 1.343 metros cuadrados, distribuidos entre el bajo y la primera planta, y 300 metros de garaje. La empresa de García Arrabal que construyó el inmueble, Inversiones Área Sur, tiene ahora otro nombre, Taler Real Estate, y su propiedad real no está del todo aclarada. En 2014, el empresario granadino llevó a cabo una operación de venta de sus acciones a varias sociedades de Luxemburgo, asociadas a empresas pantalla que aparecen en los Papales de Panamá. Este entramado de mercantiles opacas es el que se encontraba detrás de aquel proceso de venta, en el que se incluyó todo el amplio patrimonio que en esos momentos tenía Arrabal en Granada (Centro Comercial Serrallo, Fórum de Negocio o el propio Edificio Be Suites, con la sede del PP).

Esta empresa a la que, según el anuncio de Sebastián Pérez, el Partido Popular habría comprado ahora el local de forma definitiva, está relacionada también con el caso Serrallo. Dado que fue la promotora de la discoteca construida en zona verde, la jueza de Instrucción 2 la ha incluido, de cara al juicio, como posible responsable civil subsidiaria de los perjuicios económicos que este asunto habría provocado a la ciudad.