“¿Tuvo plena libertad para hacer su informe o tuvo que llegar a ciertas conclusiones?” Esta pregunta del abogado defensor Ernesto Osuna al agente policial de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal) que declaró ayer en el juicio del caso Serrallo encierra un largo recorrido de duras críticas sostenidas durante años por parte de algunos de los acusados en este juicio y los investigados del caso Nazarí.

La exconcejal Isabel Nieto, otros funcionarios como Manuel Lorente o el exalcalde José Torres Hurtado han remitido a instancias judiciales, políticas y sociales múltiples quejas sobre el trato recibido por parte de la UDEF, tanto el día de sus detenciones y registros en la Operación Nazarí como en el contenido de los múltiples informes realizados por los agentes. El instructor de esta investigación policial fue tajante ayer: “En absoluto, tuve plena libertad”. Y el interrogatorio volvió sin más a su senda normal, relativa a las cuestiones de fondo del caso. Pero ahí quedó la pregunta.

En un escrito dirigido al Defensor del Pueblo en 2016, la exconcejal de Urbanismo aseguraba que se sentía "víctima de un atropello y de un trato degradante, retransmitido en directo desde Granada". Incluso llegó a pedir que este equipo de investigación policial fuera apartado de la causa por la supuesta parcialidad de sus informes. Hoy Nieto ha tenido la oportunidad, por primera vez desde su detención hace 4 años, de interrogar directamente al policía, dado que actúa como letrada defensora de sí misma. Sus preguntas han sido breves y centradas en aspectos concretos del caso Serrallo, pero otros abogados han formulado las cuestiones con trasfondo. 

Una queja habitual de las defensas sobre las acusaciones vertidas por la UDEF en sus oficios remitidos al Juzgado es la preparación que tienen los investigadores, sobre economía, leyes o urbanismo. El letrado que representa al promotor García Arrabal le preguntó ayer al agente que declaraba en el caso Serrallo sobre su formación académica, a lo que el mismo contestó que era licenciado en Económicas.

También quiso saber el abogado quién le había asesorado para la realización de sus informes, a lo que el policía contestó que tomaron declaración a uno de los miembros de la Intervención municipal para que les ayudara a aclarar determinados aspectos sobre el funcionamiento municipal. Se trata de un compañero del interventor (sentado en el banquillo de los acusados), que tendrá que testificar también en este juicio.

Otro de los asuntos espinosos entre la UDEF y el acusado García Arrabal, que su abogado ha sacado a colación, es el de la supuesta retención de documentación del empresario por parte de los policías. Una de las veces que fue citado a declarar en Instrucción alegó indefensión al no poder presentar documentos que tenían los agentes en su poder desde el día de los registros de la Operación Nazarí. 

Tras una consulta de la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz, los agentes trataron de desmontar toda la declaración del empresario de aquel día ante la magistrada por medio de un nuevo informe. El policía que testificó ayer volvió a negar que tengan documentos de este caso en su poder y además destacó que el juzgado le ha requerido esos papeles al promotor desde antes de los registros del caso Nazarí y que tuvo tiempo para aportarlos. La fiscal del Serrallo, Sara Muñoz-Cobo, que también participa en la instrucción del otro caso de supuesta corrupción municipal, ha querido aclarar este punto al final de la declaración del agente de la UDEF.