El caso Infancia Libre ha copado la actualidad informativa durante los últimos meses y, mientras que hasta ahora sólo había salpicado a Granada, la mañana de este martes ha sido en los Juzgados de Caleta de la capital granadina donde ha comparecido en calidad de investigada otra madre acusada de sustracción de menores.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) lleva meses investigando si detrás de la Asociación Infancia Libre existe una trama de madres que han evitado a toda costa que sus hijos tengan contacto con los progenitores. Para ello, se habrían valido de informes y del apoyo de determinados especialistas del área sanitaria -dos psicólogos y una pediatra-, así como jurídicos.

Entre todos los casos investigados existen similitudes: previamente las madres, tras divorciarse de sus exparejas, las habrían denunciado por maltrato o abusos a los menores que después fueron desestimados por la Justicia.

En concreto, hasta ahora hay cuatro mujeres investigadas: la presidenta de la Asociación Infancia Libre, dos miembros del colectivo y la vicepresidenta del mismo que ha sido la que este martes 18 de junio ha comparecido ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 9 de Granada.

Conexión con Granada

Además de que la última madre investigada hasta el momento ha comparecido en Granada, de los tres profesionales de la sanidad que habrían hecho informes favorables a las denuncias de las madres de los menores, dos son de Granada. Se trata de una pediatra cuya consulta radica en el centro de salud Las Flores de Granada y que atendió a los hijos de al menos dos de las cuatro investigadas hasta el momento. Asimismo, otra de las profesionales es una psicóloga de la Unidad de Salud Mental-Infantil del Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

Ambas, tras saltar este polémico caso a los medios de comunicación, emitieron un comunicado cada una en el que rechazaban pertenecer a ningún tipo de asociación o colectivo similar a Infancia Liber, así como defendieron haberse regido por por protocolos y criterios técnicos-científicos, bajo amparo de la actual normativa vigente, en cuanto a protección de menores, a la hora de elaborar sus informes.