Recogida de firmas para pedir la continuidad del observatorio de Calar AltoLos trabajadores de Justicia recurren contra la bajada de sueldo

La Red Andaluza de Astronomía ha iniciado la recogida de firmas para reivindicar ante el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el mantenimiento de las operaciones del Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería, frente a los recortes de financiación planteados. La red advierte en su página web de que "el futuro del mayor observatorio del hemisferio norte está en peligro", debido a los recortes presupuestarios, y pone a disposición de los usuarios una carta para que sea remitida al presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo.

Los recortes presupuestarios han despertado la preocupación de la comunidad científica en torno al futuro del observatorio, situado en la sierra de los Filabres y operado conjuntamente por el Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg (Alemania) y el Instituto de Astrofísica de Andalucía de Granada a través del Centro Astronómico Hispano-Alemán (CAHA), constituido en 1973.

La presidenta del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Matilde Fernández, explicó que el presupuesto de 1,2 millones de euros planteado para el año que viene supone una reducción del 70% respecto al 2008. Este recorte situaría al observatorio en una "grave situación", afirmó.

Ante esta situación, la Sociedad Española de Astronomía (SEA) remitió el 5 de marzo una carta a la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, en la que reivindica un "marco estable" y una "financiación suficiente" para que el observatorio pueda seguir operando.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha presentado anuncio de recurso contencioso-administrativo en el Registro de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el recorte del 5% aplicado a sus nóminas por la Administración autonómica.

En un comunicado, señalan que a este recorte, en vigor desde la nómina de enero de este año, se suman las reducciones que sufre el colectivo desde 2010 y que ya han producido una pérdida acumulada de más del 30% de sus sueldos. "Se ha infringido el mayor daño jamás visto en la historia de la democracia a un colectivo de trabajadores (en este caso del Estado) al retrotraer sus derechos laborales a épocas franquistas", indican.