Salud

Sánchez Rubio dice que la Junta "miente" con las listas de espera

  • Asegura que es una estrategia de PP y Cs para "justificar la privatización"

Sánchez Rubio fue consejera de Salud Sánchez Rubio fue consejera de Salud

Sánchez Rubio fue consejera de Salud

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La parlamentaria socialista María José Sánchez Rubio ha considerado que el nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs intenta “justificar la privatización” de la sanidad pública “mintiendo” con las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo del PSOE “siempre ha cumplido con la legalidad vigente”.

“Hasta la fecha se han contabilizado y publicado los datos de listas de espera siguiendo los criterios establecidos por ley por el Ministerio de Sanidad para todas las comunidades autónomas, criterios impuestos precisamente por el PP cuando gobernaba Aznar”, señala la parlamentaria, que durante unos años fue precisamente consejera de Salud.

La socialista asegura que son los propios profesionales del SAS los que mensualmente certifican esos datos, por lo que denunció que con sus ataques, el Gobierno de PP y Cs “está cuestionando la honestidad de los propios trabajadores”.“Somos conscientes de que hay que resolver esta problemática en la que el Gobierno socialista ha trabajado permanentemente”, dice, para añadir que el nuevo Ejecutivo “está falseando datos al incluir en la cifra total de pacientes en espera, ya sea para primeras consultas o intervenciones quirúrgicas, a usuarios cuyas condiciones quedan fuera del decreto que regula este servicio”.

Según apunta, el método “perverso” al que ha recurrido la derecha para “alarmar” a la ciudadanía provoca en la provincia un incremento del 70% en la lista de espera para primeras consultas y de en torno a un 50% en las de intervenciones quirúrgicas, como se ha publicado en los últimos días.

“Detrás de esta campaña de desinformación que ha lanzado la derecha se esconde una estrategia de privatización de la sanidad pública”, lamenta Sánchez Rubio, que censura que intenten “desprestigiar” el sistema con la intención de destinar al ámbito privado la mayoría de los 25,5 millones de euros del plan de choque.

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