El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a una multinacional farmacéutica a abonar casi 62.000 euros de un seguro de jubilación que negó a un extrabajador de Granada con incapacidad permanente, un empleado que denunció a la firma por vulneración de datos en un caso aún abierto.

La sentencia de la Sala de lo Social del alto tribunal, ha atendido parcialmente las reclamaciones del extrabajador de la multinacional farmacéutica Boehringer Ingelheim, una firma a la que reclamó el dinero del seguro colectivo de jubilación acumulado cuando recibió la baja por incapacidad.

El que era empleado de la farmacéutica reclamó en marzo de 2017 el dinero de esta prestación al recibir en ese momento la incapacidad permanente total del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque la empresa denegó el abono del capital reclamado, 61.946 euros.

Un juzgado de Instrucción de Granada falló a favor de la firma, una sentencia que el trabajador recurrió ante el TSJA, que ha ratificado el derecho del denunciante a recibir el "rescate del seguro colectivo de jubilación por su situación de incapacidad permanente total".

El alto tribunal ha condenando a la empresa a abonar la cuantía del seguro de jubilación del trabajador, que ya se enfrentó en la misma sala a la farmacéutica, a la que responsabilizó de su baja laboral provocada por ansiedad y depresión derivadas de un conflicto entre las dos partes.

La sentencia del TSJA, contra la que cabe recurso de casación, ha dado la razón al trabajador, que denunció a la multinacional por el uso de datos personales y documentos de salud. El testimonio de este trabajador permitió a la Asociación Defensor del Paciente de Granada y el Servicio Andaluz de Trabajadores (SAT), entre otros, denunciar el presunto uso de datos confidenciales de usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de su homólogo de Extremadura, una causa que sigue abierta.