El TSJA anula el contrato de basura adjudicado en 2015 por Diputación

El pleno de Diputación se celebró ayer y aprobó por unanimidad las bases que regulan las inversiones sostenibles. / J. Grosso / Diputación

El 8 de mayo del año 2015, la Diputación adjudicó durante un pleno extraordinario un contrato para la gestión del tratamiento de los residuos en la provincia de Granada. Esta concesión, que realizó el PP durante su mandato, se produjo a dos semanas de las elecciones municipales de Granada, contó con un presupuesto de licitación de más de 635 millones de euros y una vigencia de 25 años. Tres años y dos días después de dicho acuerdo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fechada el 10 de mayo de 2018, ha anulado esta adjudicación y obliga que se vuelvan a puntuar las cuatro empresas que se presentaron al concurso, del cual resultó ganadora la entidad FCC.

En la actualidad, la Diputación está gobernada por el PSOE, partido que tal y como recordó ayer el actual diputado de Economía, Manuel Gómez Vidal, se opuso "radicalmente" al proceso de selección del contratista -al que ellos llamaron "contratazo"- que finalmente aprobó el pleno, al entender que "los elementos de selección objetivos quedaban atenuados en relación con los de valoración subjetivos". Gómez Vidal confirmó que, tras la sentencia, los servicios jurídicos de la institución estudian, junto a los técnicos de las áreas correspondientes, cuál es la actuación a seguir ante este fallo judicial.

Así, confirmó que "nunca entendieron las prisas que la corporación anterior tuvo para guiar este contrato y dejar en la antesala de la adjudicación el contrato de tratamiento de la basura en plenas elecciones municipales".

El contrato, pese a que se aprobó durante la etapa de Sebastián Pérez como presidente de Diputación, fue firmado por el actual dirigente de la institución, José Entrena. El portavoz popular en Diputación, José Robles, señaló ayer que la sentencia es contra un acuerdo de pleno del 23 de septiembre del 2015 aprobado por unanimidad por los cinco grupos políticos con representación en la institución. Según indicó, el PSOE "ha tenido tres ocasiones para recurrir y dar marcha atrás al contrato, pero en cambio, no solo no lo ha hecho, sino que fue ratificado y firmado por José Entrena".

Robles criticó que el PSOE, "cuando estaba en la oposición se postulaba en contra del contrato pero al llegar al gobierno ha estado siempre a favor, quiera eludir su responsabilidad", e incidió en que toda la adjudicación se hizo con informes favorables de los técnicos.

11 millones de inversión para servicios básicos en municipios

El pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad la bases que regulan las Inversiones Financieramente Sostenibles que priorizan las necesidades de los municipios pequeños y de los que cuentan con anejos. Este plan incluye 11 millones de euros para servicios básicos. La distribución de la inversión se va a realizar en base a un doble criterio de población del municipio y del número de núcleos de población que se integran en cada uno: se priorizan los pequeños municipios y a los que cuentan con anejos, y que, en definitiva, disponen de menos recursos. El máximo que recibirán las localidades son 90.000 euros para aquellos que tengan menos de 20.000 habitantes, y de 80.000 euros para los que superan esa tasa. Juviles, que tan solo cuenta con 144 habitantes, será el municipio con menos inversión, que tiene consignados 40.802 euros. Tal y como explicó el diputado de Economía, Manuel Gómez, "se van a distribuir de forma más equitativa y más justa esos fondos, con absoluta transparencia y con criterios objetivos y claros". Asimismo, recordó que, en virtud de las bases aprobadas en pleno, la inversión debe estar destinada a servicios públicos como el abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, carreteras, caminos residuos, transporte, instalaciones deportivas y culturales, entre otros.