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Testigos y peritos centran la segunda semana de juicio del caso Audioguías de la Alhambra

Audiencia Provincial.

Audiencia Provincial. / R. G.

Las comparecencias de más testigos y el inicio de las pruebas periciales centran las cuatro sesiones fijadas para esta próxima semana en el juicio que acoge la Audiencia de Granada por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y gestión del servicio de audioguías de la Alhambra.

Esta causa, en la que se investigan delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, sienta desde esta pasada semana en el banquillo de los acusados a parte de la excúpula del monumento nazarí, entre ellos la que fuera directora del patronato público que lo gestiona, María del Mar Villafranca, y al administrador único de la empresa adjudicataria del servicio investigado, Stendhal Museum Solutions.

La Fiscalía ha solicitado de forma provisional una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que fue secretaria del patronato, y diez años de prisión para el empresario encausado, junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros.

El cuarto de los procesados es el que fuera jefe de contabilidad del patronato nazarí, quien está únicamente acusado por la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular.

A partir de este lunes 16 han sido citados cuatro personas como testigos, a los que se sumarán otras cinco testificales el martes, una de ellas a través de videoconferencia, mientras que las pruebas periciales arrancarán el miércoles 18 -con cuatro peritos- y seguirán al día siguiente -jueves 19, con otros cinco-.

En el arranque de la vista, la exdirectora del que históricamente ha sido el monumento más visitado de España declaró este pasado lunes que siempre había actuado movida por el interés público, que nunca pensó ir en contra de la legalidad y que no tuvo intención de beneficiar a la empresa adjudicataria del servicio de audioguías.

Villafranca, que atribuyó a su llegada a la Audiencia la causa a una "persecución", dijo ante el tribunal que ella se debía a lo ordenado por el pleno del propio patronato, con arreglo a un plan de pagos y un acuerdo de compensación de las deudas que la adjudicataria de las audiguías había contraído.

Por su parte, la exsecretaria del recinto situó la responsabilidad de seguimiento del contrato de las audioguías en el órgano de contratación, reconoció que se estaban generando "problemas" con la empresa y explicó que igualmente intentó promover una vía de apremio para los pagos.

También por parte del patronato, el que fuera jefe de contabilidad -quien no está acusado por la Fiscalía- dijo que durante su período en la sección de ingresos no tuvo ninguna responsabilidad sobre la ejecución de los contratos ni tampoco vinculación alguna con el empresario investigado.

Este último reconoció, por su parte, que su empresa Stendhal Museum Solutions llegó a tener "problemas de tesorería" y que el patronato del monumento nazarí les pagaba "fatal, siempre mal y tarde".

Finalmente, los primeros testigos en declarar, dos de las funcionarias que trabajaban en la Alhambra durante la gestión del contrato de las audioguías defendieron el miércoles dos posturas diferentes, una que nunca recibió presiones y otra que habla de expedientes internos.

El jueves, el que fuera interventor del recinto dijo que había avalado el reconocimiento de deuda que se hizo con la empresa investigada, dado que contaba con el informe favorable de la Junta.

Según el escrito de la Fiscalía, la empresa Stendhal habría causado un perjuicio económico a la Alhambra como consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías, con la "anuencia y connivencia" de Villafrancia y la exsecretaria general, de más de 1,25 millones de euros, partiendo de la contabilidad de la propia mercantil y no de los datos reales de ventas.

Además, de acuerdo a la acusación pública, entre 2007 y 2011 el administrador de la mercantil habría llevado a cabo la "sustracción" de la recaudación obtenida en el desarrollo del contrato suscrito con el monumento "ocultándola en la contabilidad de su empresa", con unos precios de alquiler "diferentes a los establecidos".

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