El último informe policial llegado al Juzgado del caso Nazarí, sobre la operación urbanística del Cerrillo de Maracena, abre la puerta a investigar la legalidad de algunas decisiones recientes adoptadas por el actual gobierno socialista del Ayuntamiento de Granada. Los instructores ponen el foco sobre dos expedientes nuevos abiertos en 2017 en Urbanismo para modificar algunas condiciones urbanísticas de esas parcelas investigadas.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revela en su informe una serie de modificaciones de las condiciones urbanísticas impulsadas por el Ayuntamiento de Granada en el Cerrillo de Maracena que en realidad sólo habrían servido para perjudicar los intereses públicos en favor de los de los promotores privados que intervinieron en aquella operación.

Los cambios más importantes se produjeron con el anterior gobierno de Torres Hurtado, por lo que los investigadores consideran que se trata de una estrategia planificada para beneficiar a los empresarios. Esas modificaciones, que permitirían a los socios privados vender sus parcelas sin contar con el Ayuntamiento y eludir así cualquier compromiso económico pactado, se introdujeron a través de un estudio de detalle, al que se opuso directamente el entonces director de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, mediante un informe contrario.

El actual gobierno socialista impulsó una modificación de ese estudio de detalle a finales de 2017, pero sólo con el enfoque de enmendar un “mero error” y nada más. “Vemos cómo en el nuevo expediente que se ordena abrir se omite cualquier referencia al informe de Jacobo de la Rosa, pese a ser el que origina que el importante error salga a la luz”.

También destaca la Policía que la nueva directora de Urbanismo pidió un informe jurídico sobre el asunto que fue llevado a cabo, pero sin responder a ninguna de las cuestiones planteadas por la responsable de Urbanismo. Sólo aclara que es competente la junta de gobierno local para aprobar ese cambio.

Los agentes sugieren a la jueza que, si lo estima oportuno, remita su propio oficio y esos nuevos expedientes impulsados por el actual gobierno del PSOE a los peritos de la Junta de Andalucía que están haciendo los informes sobre posibles ilegalidades urbanísticas para el Juzgados de Instrucción 2 que investiga el caso Nazarí.

Tal y como informó ayer este periódico, la unidad especializada de la Policía detalla a la jueza María Ángeles Jiménez, en su nuevo informe, los pormenores de la operación urbanística del Cerrillo de Maracena, que arrancó en 2005, “en pleno boom económico” (como recuerda la Policía), y que llega hasta hace escasos meses, en los que el actual gobierno socialista ha tramitado esos nuevos expedientes relacionados.

Lo investigado es un pago en especie al Ayuntamiento por parte de los promotores que le debían al municipio más de 9 millones de euros. El alcalde firmó un decreto y un acuerdo en el que aceptaba que la ciudad se quedara, a cambio de condonar la deuda, con un porcentaje de la parcela de uso comercial que supuestamente estaban a punto de vender a una empresa promotora de un gran centro comercial.