Los últimos informes policiales del caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal, bucean en las cuentas, el patrimonio y la economía de los principales imputados y sus familiares. Los investigadores han revelado datos como la existencia de empresas privadas dedicadas a la ingeniería y la arquitectura que eran propiedad de altos cargos de Urbanismo, ingresos en efectivo de origen desconocido por parte de la esposa de Manuel Lorente y los detalles económicos del viaje a Japón que el funcionario municipal hizo junto al promotor José Julián Romero. 

Aquel viaje que en 2006 hicieron juntos (en compañía de sus parejas) el empresario y el exgerente de Urbanismo de la ciudad Manuel Lorente fue origen de un enorme escándalo en la ciudad y hasta provocó la apertura de una investigación judicial que al final fue archivada porque el juez consideró que el técnico había abonado su parte y, por tanto, no podría ser considerado una dádiva del promotor, que en aquel momento era uno de los más activos y relevantes en la ciudad. Todo surgió por el informe de un detective privado encargado por Carlos Marsá, exsocio del empresario seguido hasta Japón. 

El asunto vuelve ahora a llenar páginas de los informes de la UDEF en el caso Nazarí. La Policía ha encontrado el rastro de las transferencias que el técnico hizo al empresario para pagar la escapada al Mundial del Baloncesto de Japón, pero destaca que buena parte de ellas (4.754 euros) se hicieron una vez iniciada la investigación judicial, un año y cuatro meses después del evento. Lorente sí abonó a JJ 6.500 euros el 25 de agosto de aquel año en que viajaron juntos. Cuando la Audiencia Provincial confirmó el archivo de la causa (ante el recurso de la Fiscalía), argumentó que la falta de pago en su momento se podría deber "sólo a un olvido o dejadez, que de por sí es de extrañar, pero podría justificarse por la solvencia de ambos y sus múltiples actividades y ocupaciones".

El detallado informe sobre la economía del que la Policía considera el cerebro de la "trama de corrupción municipal" pone de manifiesto que Lorente carecía de cualquier tipo de apuros económicos, como ya explicó él mismo en su declaración judicial de 2016, después de ser detenido. Dijo que gracias a los ingresos de su mujer, él era un hombre rico. Y así aparece en los registros bancarios y catastrales. Su esposa, registradora de la propiedad (en aquellos años al frente del principal despacho de la capital), ha tenido unos ingresos medios en torno al millón de euros anuales. 

Consta en los registros que la pareja de Lorente llegó a transferir en una década 5,2 millones de euros a la cuenta conjunta de la pareja. La Policía destaca la existencia de una serie de ingresos recurrentes que la registradora hizo en efectivo en su propia cuenta entre 2010 y 2015, un dinero cuyo origen no está identificado. Se trata de 290.060 euros en total, una cantidad que en relación al dinero manejado por la pareja podría parecer menor, aunque la Policía no deja de ponerlo de relieve en sus informes. Todos esos movimientos económicos se hacían a través de cuentas del Banco Popular. 

En ese mismo informe aparecen reflejados los detalles de la compra de tres pisos que la pareja hizo a la empresa Inversiones Área Sur (participada al 50% por el Banco Popular y el empresario imputado Roberto García Arrabal), con sus respectivos recibos y cheques bancarios que constatan el pago total de 703.300 euros. 

La investigación también ha abarcado a los hijos del exgerente de Urbanismo y se constata que uno de ellos trabajó para las empresas del investigado García Arrabal: Fontdeis SL (concesionaria del Pabellón Mulhacén y de los negocios de hostelería aledaños) y Be Suites Granada SL (promotora del Edificio Progreso). Además fue partícipe de otra de las sociedades del promotor. 

El análisis de las cuentas de los hijos de Lorente revela también grandes gastos en coches de lujo e inversiones en productos financieros que se hacían con el dinero de las cuentas bancarias de sus padres. 

Respecto a los informes patrimoniales y económicos de otros investigados, es una tónica común la propiedad de decenas de bienes inmuebles con valores catastrales incluso millonarios. Sus ingresos declarados, sin embargo, provienen de sus sueldos como técnicos de Urbanismo que apenas superan los 50.000 euros al año. 

Dos de los antiguos altos cargos de Urbanismo investigados, funcionarios municipales, eran propietarios de una empresa dedicada a servicios de ingeniería y arquitectura que trabajaba para otras promotoras, Stiva Granada SL. Mariano P. B. y Gaspar N. C. eran los dos administradores y socios de esta firma privada vinculada a actividades urbanísticas. 

La exconcejal Isabel Nieto, imputada en este caso, ordenó a una agencia de detectives investigar al exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa (testigo de cargo en la causa) por disponer de una sociedad privada dedicada a asuntos urbanísticos en paralelo a su trabajo como funcionario. Llegó incluso a denunciarlo en los tribunales. Pero a tenor de lo ahora descubierto por la Policía, estas actividades privadas eran más comunes en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, pues afectaban también a otros dos altos cargos. 

Respecto a los informes económicos de Isabel Nieto y su familia, la Policía también destaca que sus ingresos declarados corresponden a su sueldo en el Ayuntamiento de Granada. En 6 años declaró algo más de medio millón de euros de ingresos. En relación a su esposo, también registrador de la propiedad, el informe económico de nuevo destaca la existencia de ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias (349.071 euros), un dinero que la Policía sospecha que puede venir de "pagos de servicios en efectivo relacionados con su actividad". 

La investigación de Nieto corrobora la versión de la investigada sobre cómo pagó el piso adquirido en el edificio de Obispo Hurtado (promovido también por la familia del exalcalde José Torres Hurtado), que es través de un préstamo de su madre. La ex edil aparece como titular de 8 inmuebles en Granada, Marbella y Ronda. Su esposo tendría 34 propiedades inmobiliarias.