El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha informado este viernes de que la confluencia ha presentado 16 alegaciones a la memoria justificativa sobre el servicio público de transporte colectivo, y a la "gestión privada" del mismo mediante concesión.

La memoria, aprobada el pasado 25 febrero de 2022 por el Pleno del Ayuntamiento de Granada, está basada en buena parte en un estudio realizado por el profesor Manuel Ríos de la Universidad de Alicante, según ha informado el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Antonio Cambril.

Desde Unidas Podemos han señalado que al igual que se hizo "con la memoria del contrato de basuras, es necesario estudiar profundamente qué gestión es más barata y sostenible para la ciudad".

Antonio Cambril ha resumido algunas de las alegaciones, y ha afirmado que, una vez más, "este Ayuntamiento llega tarde pese a la larguísima duración del contrato" que, además, "cuesta a las arcas municipales 40 millones al año".

Cambril ha sostenido que, al igual que sucedió con la memoria justificativa del servicio de limpieza y basura, "la decisión de continuar con el modo de gestión indirecta estaba decidida previamente a la elaboración y aprobación de la memoria", y ha agregado que "somos la ciudad que más privatiza sus servicios y uno de los más arruinados. Suma y sigue".

El concejal ha advertido que "existe un prejuicio, una enfermiza inclinación por los representantes políticos y buena parte de los altos funcionarios a ceder la gestión de los servicios públicos a empresas privadas, pese a los enormes costes y ruina que han supuesto, y suponen para la ciudadanía y las desproporcionadas ganancias de las adjudicatarias".

Cambril ha argumentado que "en el informe no se valora la realidad de ciudades físicamente cercanas, o de entidad poblacional y de tamaño parecido, como Sevilla, Córdoba, Málaga, Valladolid, San Sebastián o Madrid, cuando todas mantienen la gestión pública del servicio y una economía súper saneada en relación con Granada".

"La memoria incluye razones que parecen más subjetivas e ideológicas que fundamentadas en criterios objetivos" y, lo que para Cambril es más grave, "llega a dar por hecho que la administración es incapaz de realizar una buena gestión y de adquirir especialización para prestar un buen servicio supone un prejuicio incomprensible".

El portavoz ha recalcado que los altos cargos y responsables políticos de los gobiernos de Granada "deben de tener una pobre imagen de sí mismos, muy poca confianza en sus capacidades y entender que carecen de energía, motivación e inteligencia para promover una gestión eficiente en defensa de los intereses ciudadanos".

Las diferentes alegaciones

La memoria, por otro lado, cita que entre las seis ciudades más populosas del país solo Zaragoza ha privatizado el transporte, por lo que, ha analizado el edil, contabiliza nueve ciudades de más de 300.000 habitantes en las que se ejecuta la gestión directa, mientras que solo han optado cuatro por la indirecta. Y en las mayores de 500.000 la proporción es de cinco a uno a favor de la gestión pública.

"Llama poderosamente la atención que Granada, que apuesta por las líneas coordinadas y que ya está creando la Granada del medio millón de habitantes, sea de las poquísimas urbes que apuesta por la gestión pública y la consiguiente ruina", ha sentenciado.

El portavoz ha concluido señalando que, en cuanto a las perspectivas de futuro, un contrato con una empresa privada también haría daño al servicio de autobuses, ya que, ha explicado, "si el horizonte de Granada es la ampliación del Metro, las líneas coordinadas y las nuevas tecnologías, no entendemos cómo se elige un contrato de gestión indirecta que constriñe mucho la posibilidad de adaptación a la rápida evolución que se está produciendo en materia de transporte, de nuevas tecnologías y energías, así como de precios".

"Se apuesta por la tecnología híbrida, que, como se sabe, solo supone un ahorro de un ocho por ciento de emisión de gases contaminantes en el mejor de los casos", ha citado el edil, que ha apuntado que estos datos "los reconocen los propios fabricantes".

En Sevilla, mientras tanto, "la empresa pública Tussam invierten seis millones de euros en dos estaciones de cargadores eléctricos", ha indicado Cambril, que ha ironizado con que "deben tener unos políticos y unos técnicos muy despistados, y su mejor situación económica la achacaremos a la actuación de algún martinico, algún duende que repara de noche los despropósitos que ellos realizan por el día".