Documentos perdidos del Caso Nazarí Urbanismo o 'El nombre de la rosa'

  • La misteriosa reaparición, años después y en otro expediente, de documentos sensibles motivan unas pesquisas internas que acaban con el bibliotecario señalado ante la jueza del caso Nazarí

Urbanismo o 'El nombre de la rosa' Urbanismo o 'El nombre de la rosa'

Urbanismo o 'El nombre de la rosa'

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Ni la sede de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada es una antigua abadía italiana ni alberga la rica biblioteca medieval en la que Umberto Eco ambientó su misteriosa novela. Pero los enigmas relacionados con la desaparición de documentos sensibles que reclama el juzgado en el principal caso de corrupción y su sorprendente hallazgo años después, entre papeles sin relación alguna, han desatado recelos y unas pesquisas internas propias de una obra literaria. 

Las averiguaciones realizadas por el que ha sido coordinador de Urbanismo en la etapa de gobierno socialista, hasta este verano, concluyen oficialmente con un informe remitido a la jueza del caso Nazarí en el que se señala al bibliotecario como responsable de la custodia de esos documentos encontrados en un lugar inesperado, varios años después de que se iniciara la investigación judicial sobre la construcción del Pabellón Mulhacén

No es la primera vez que la organización de la documentación en el área de Urbanismo queda en evidencia a raíz de la petición de papeles por parte del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que lleva años investigando diferentes expedientes urbanísticos relacionados con la supuesta trama criminal de corrupción con políticos, técnicos y empresarios posiblemente involucrados. 

La jueza competente, María Ángeles Jiménez Muñoz, ha recibido ya en varias ocasiones informes de altos cargos de Urbanismo en los que éstos reconocían que había documentación no encontrada, que supuestamente estaría en armarios o archivos en los que no ha sido localizada. 

Pero el episodio de este tipo más sorprendente ocurrió entre finales de mayo y primeros de junio de este año (en pleno fulgor electoral y de constitución del nuevo gobierno), cuando el jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada remitió al Juzgado tres carpetas de documentos, con planos del proyecto reformado el polémico pabellón Mulhacén. El problema es que esos papeles ya tenían que haber estado en manos de la jueza y de los investigadores policiales y periciales desde hace años, cuando la Policía entró (supuestamente por sorpresa) a registrar la sede de Urbanismo en 2016 el día de la Operación Nazarí o tras las múltiples peticiones de documentación hechas al Ayuntamiento. 

Los documentos iban acompañados de un informe (firmado el 29 de mayo) elaborado por una arquitecta municipal y una jefa de servicio de Urbanismo en el que explicaban cómo habían hallado esos planos por sorpresa cuando trabajaban con otro expediente relativo a una obra en una casa del Zaidín, que en principio nada tiene que ver con la construcción del pabellón de la antigua empresa de García Arrabal.

La recepción en el juzgado de esos planos, de una forma tan extemporánea y en tan misteriosas circunstancias,  dio lugar a que la jueza del caso Nazarí exigiera al Ayuntamiento que "se informe quién o quiénes son las personas responsables de la custodia de la documentación recibida, a los efectos oportunos". 

Y no fue la única consecuencia. Una de las partes acusadoras, el empresario Ramón Arenas optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el entonces alcalde socialista (que estaba en funciones), Paco Cuenca, su concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, y varios cargos de Urbanismo. Los acusaba de "obstrucción a la justicia". Todo esto ocurría a pocos días de la tensa constitución del nuevo gobierno, que entonces se negociaba minuto a minuto. 

Días más tarde, la Fiscalía archivó esta denuncia al entender que los enigmáticos sucesos relacionados con la documentación que se relataban en el escrito del empresario ya estaban en conocimiento del Juzgado de Instrucción 2 de la capital que lleva el caso Nazarí. 

Todas estas reacciones han provocado una serie de pesquisas en Urbanismo con el fin de atender la petición de la jueza y señalar a las personas que podrían haber tenido alguna responsabilidad en la custodia de los documentos. 

El pasado 2 de agosto, el Juzgado dio por recibido un informe del 25 de junio del coordinador general de Urbanismo Miguel Ocaña, quien explicaba que los documentos técnicos relacionados con el pabellón Mulhacén se encontraban dentro del expediente de la obra de una casa en la calle Ecuador que tuvo entrada en el Archivo de Urbanismo el 26 de abril de 2011. 

Ese expediente "ha permanecido" en el Archivo desde esa fecha indicada de recepción hasta marzo de este año, cuando los técnicos que valoraban la licencia de ocupación de esa vivienda reclamaron los documentos antiguos para poder informar. Cuando se produjo el "préstamo" del expediente a ese servicio, sus técnicos localizaron los planos del Pabellón que nada tenían que ver con su trabajo en ese momento. 

"Por tanto el expediente indicado ha permanecido en al Archivo de Urbanismo desde el 26 de abril de 2011 hasta el 25 de abril de 2019, siendo responsable del mismo el empleado J.P.T. (bibliotecario)". Así concluye el informe del responsable del área para la jueza. Pero no aclara cómo pudieron ir a parar allí los planos de la obra del Pabellón investigado ni en qué momento. 

Esos papeles forman parte del proyecto reformado de obras de la instalación deportiva que los arquitectos del empresario habían remitido al Ayuntamiento en 2014 y que tendrían que haber sido claves para la licencia de obras del pabellón Mulhacén. Aunque según especifican ahora los propios técnicos que describen lo encontrado, la mayoría de los planos están sin visar.

Lo que el juzgado investiga respecto a esta obra es precisamente el proceso de cambios que sufrió el proyecto original adjudicado por el Ayuntamiento a la empresa de García Arrabal, dado que ésta alegó en varias ocasiones la falta de rentabilidad del proyecto para cambiar instalaciones deportivas y un aparcamiento previstos inicialmente por los locales comerciales anexos que finalmente se construyeron con el consentimiento de los responsables municipales.   

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