El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha expresado su malestar por la tardanza del Juzgado de lo Penal 1 de Granada en la resolución de su petición para que se suspenda la pena de cárcel que le queda pendiente y que aún sigue cumpliendo esta vecina de Maracena tras el indulto parcial del Gobierno.

"El mismo juez que solo tardó siete horas en dictar una severísima condena de cinco años de prisión contra Juana lleva 17 días estudiando una petición de suspensión de pena que cumple todos los requisitos del Código Penal", ha asegurado este sábado el letrado en un comunicado.

Aránguez ha recordado que a esa suspensión solicitada para la pena privativa de libertad que le queda pendiente a Rivas "ni siquiera se opone la acusación particular", ejercida por su expareja y padre de sus hijos, el italiano Francesco Arcuri. "Recordemos que se trata de una causa con preso, lo que implica que debe ser tramitada con la máxima urgencia", ha continuado Aránguez, quien cree que, si el juez "fuese razonable", "lo normal" sería que Rivas -que cumple condena en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada- quedara ya en total libertad y pudiera disfrutar con sus hijos "después de unos meses muy duros".

"Continuaremos trabajando hasta que Juana consiga su custodia. Cada vez estamos más cerca de conseguirlo", ha concluido el abogado, que ha calificado de "muy buena noticia" que un tribunal italiano acabe de decidir que los menores puedan pasar las navidades íntegramente con su madre.

Según el letrado, los niños llegarán unos días antes de Nochebuena y regresarán a Italia unos días después de Nochevieja, con "absoluto respeto" al calendario escolar italiano.

El Gobierno concedió el indulto parcial a Rivas después de que fuera condenada en firme a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido. Con esta medida de gracia se rebajó la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad fueron conmutados por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Los hechos por los que fue condenada ocurrieron en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez fue condenado en 2009 por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.