Los vecinos de la calle Torre de Alquiza, en el Zaidín, han acudido a la vía contencioso-administrativa para exigir al Ayuntamiento de Granada que desmonte la antena de telefonía móvil que Vodafone instaló en la vía.

Mario Rodríguez, residente en la zona y uno de los afectados, anunció la medida judicial emprendida al tiempo que recordó que los vecinos consiguieron paralizar hace casi un año la puesta en servicio de la antena gracias a un informe de ilegalidad del área de Mantenimiento. Sin embargo, tras remitir tres escritos al equipo de gobierno solicitando la retirada de la instalación -y ante la ausencia de respuesta municipal-, los vecinos han acudido a la vía judicial.

"No entendemos por qué en el caso de Bola de Oro sí se retiró el soporte de telefonía con rapidez y a nosotros ni siquiera se nos da respuesta", denuncia Rodríguez.

En este sentido, el vecino explicó que el mismo día que los vecinos pidieron la retirada de la antena, la empresa de telefonía presentó la licencia, aunque fue denegada por no cumplir algunos de los requisitos. "Al final, si se legaliza, tendremos que soportar la antena".

Por ello, los residentes en la calle Torre de Alquiza iniciarán una serie de movilizaciones a partir de septiembre, aprovechando que la Fiscalía está investigando la posible existencia de antenas ilegales.

Mientras, el Ayuntamiento muestra su total disposición a colaborar con el Ministerio Fiscal. "Vamos a prestar toda la colaboración al Seprona (encargado de la investigación), facilitándole la documentación que nos requiera", comentó ayer el alcalde en funciones, Juan García Montero.

No obstante, el Ayuntamiento esperará a conocer los resultados del informe del Seprona antes de decidir si inicia una investigación por su cuenta, aunque en caso de que constate la existencia de instalaciones ilegales actuará "lo antes posible para paralizarlas".

Por el momento, según García Montero, el equipo de gobierno no tiene indicios de que existan antenas irregulares en la ciudad, en contra de lo que mantiene Los Verdes, que asegura que podrían existir unas 14 o 15 instalaciones bajo sospecha.