La Fiscalía Superior de Andalucía considera que ha habido "graves anomalías contables" que podrían ser delictivas en el otorgamiento de las ayudas para cursos de formación de parados concedidas por la Junta de Andalucía en los años 2009 y 2010 y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas.

Así consta en un decreto firmado por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, mediante el que incoa unas diligencias de investigación penal de cara a coordinar la actuación fiscal en las distintas causas y expedientes que existen actualmente en las fiscalías y juzgados andaluces sobre este supuesto fraude.

En el documento, al que ha tenido acceso este diario, el fiscal superior considera que ha habido "falta de control" y "desorden" en la concesión de las ayudas, y cree que las "numerosas" irregularidades detectadas se pueden dividir en tres grupos. En primer lugar estarían las de carácter puramente administrativo, en segundo las de carácter contable y, dentro de estas, "las que supuestamente se pudieran valorar como indicios de una posible responsabilidad penal que pondrían de manifiesto la necesidad de una investigación suficiente sobre los hechos".

El fiscal superior emite este decreto después de recibir un informe de la unidad de Policía Judicial que él mismo encargó ante las irregularidades detectadas, a principios de año, por la Cámara de Cuentas al examinar esas subvenciones del SAE. Se da la circunstancia de que las posibles responsabilidades contables apreciadas tienen una especial incidencia "en algunas subvenciones nominativas y excepcionales de muy elevada cuantía que han sido concedidas a agentes sociales".

García Calderón resalta que el informe de la Policía Judicial "insiste en la aparición de numerosas y graves irregularidades que incluso provocan -en algún caso- importantes desviaciones económicas de las ayudas recibidas y la necesidad de instar el reintegro de esas cantidades al SAE".

El decreto hace una mención especial al caso de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Establece que los expedientes analizados sobre las subvenciones concedidas a esta entidad "requieren numerosas aclaraciones que debieran tener lugar en sede judicial". En este punto, pone de relieve que pese a su elevada cuantía: 50 millones de euros, con un abono del 72% "no existe documentación justificativa". La Faffe se extinguió el 3 de mayo de 2011, subrogándose al SAE y provocando una situación paradójica, pues "el órgano gestor de las ayudas se convierte en receptor de las mismas". En este asunto concreto, la Policía Judicial, como revela el fiscal, cree "fundamental" que se determine con claridad "el destino que se ha dado a los fondos, en disposición de quién permanecen y qué regulación garantiza su correcta utilización". Esto, a su juicio, habría de investigarse en alguna de las causas judiciales ya abiertas o bien instándose desde la fiscalía provincial competente la apertura de un nuevo procedimiento al respecto.

Otro de los casos en los que se detiene el decreto es en el del Plan Formativo de los ex trabajadores de Delphi, desarrollado en cuatro fases en las que se habrían concedido más de 52 millones de euros para cursos. El documento habla además de incumplimientos relativos a la justificación y liquidación de los gastos realizados por parte de los beneficiarios de las ayudas. La normativa establece que el compromiso de pago de la subvención requiere la previa justificación en tiempo y forma de las ayudas concedidas con anterioridad por la Junta y sus agencias con cargo al mismo programa. Sin embargo, "en casi todos los casos" se incumple el plazo de dos meses establecido para la revisión y tramitación del documento contable. En este contexto, pone de relieve que el elevado número de libramientos pendientes de justificar ha hecho necesario que el presidente del SAE "emita resoluciones de exoneración por importes que superan los 70 millones de euros en 2009 y que casi alcanzan los 227 en 2010". Y ello pese a que esas resoluciones deberían de ser excepcionales. Habría así que identificar al perceptor de esas ayudas, su importe y sus circunstancias de ejecución.

El decreto, hecho público ayer, viene a dar cuenta de los distintos procesos que ya hay abiertos en la Fiscalía de Málaga y en juzgados de Sevilla, de cara a una coordinación futura y ante la posibilidad de que se inicien nuevos en otras provincias. De hecho, la Policía ha detectado casos ya en Granada.

El fiscal superior cree que las subvenciones gestionadas por el SAE "pueden generar responsabilidades penales graves por hechos ocurridos en distintas provincias" y considera que, al existir ya varios procesos y unas diligencias en una fiscalía andaluza (Málaga), se deben establecer "en su caso y en el momento oportuno criterios uniformes que garanticen la unidad en la actuación del Ministerio Fiscal en Andalucía". Así del decreto emitido por García Calderón, cuya preparación fue avanzada hace unos días por este diario, se dará cuenta, junto al informe realizado por la Policía Adscrita a la Fiscalía Superior, a la Fiscalía General del Estado, así como a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para su posible intervención. También lo recibirán la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla para que sea incorporada en las diligencias previas que existen en los juzgados de esa ciudad, y la Fiscalía Provincial de Málaga, donde ya hay un expediente centrado en este supuesto fraude. Y, por último, otra copia del documento, fechado el 24 de abril, aterrizará en la mesa de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. El decreto deja clara la existencia de "un manifiesto desorden" en la concesión de las ayudas para cursos a parados y una ausencia de justificación del gasto realizado.