El Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que investiga el caso Nazarí, de presunta corrupción municipal, retoma las declaraciones con la comparecencia prevista para hoy de una testigo importante para el caso (D. M. P.), dado que es la arquitecta municipal que tramitó e hizo informes -algunos de ellos negativos- sobre varios de los expedientes urbanísticos que se investigan en esta causa.

La declaración de esta empleada municipal se produce a partir de una queja presentada por el abogado defensor de varios de los investigados, la exconcejal Isabel Nieto y otros altos cargos de Urbanismo durante el gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital. La jueza del caso recibió protestas por la declaración de esta testigo en mayo pasado en las dependencias de la Policía Nacional, sin contar, por tanto, con la presencia de representantes de las defensas.

El acta de aquella declaración, que luego fue remitida al Juzgado, revela que la arquitecta municipal matizó algunas de las consideraciones de tipo urbanístico que ella misma había esbozado en sus informes relativos a algunos de los expedientes urbanísticos investigados, como el del Pabellón Mulhacén, el Campus de la Salud o el edificio Progreso. Todos ellos relacionados con promociones del empresario investigado Roberto García Arrabal.

El signo negativo de algunos de esos informes, donde la técnico puso de relieve algunas posibles irregularidades o defectos a subsanar como condición para la concesión de licencias, motivo que la Policía le tomara declaración con la clara intención -así lo reiteraban en sus preguntas los agentes- de que especificara si aquellas decisiones le ocasionaron algún tipo de problema o represalias.

Esta empleada, que fue trasladada de su puesto en Licencias -a las órdenes de uno de los investigados- descartó ante la Policía haber recibido "coacciones" para cambiar sus informes.

La defensa del que era director de Licencias y otros jefes de Urbanismo envió un escrito a la jueza para quejarse de esa declaración, porque a su juicio, vulnera su derecho de defensa.