La bajada del IRFP deja 116 millones en los bolsillos de los granadinos

Hablar de IRPF, Hacienda y números no significa siempre buenas noticias para el bolsillo del contribuyente, aunque en este caso los granadinos pueden respirar tranquilos.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya visitó ayer Granada y en su comparecencia ante los medios detalló las cifras de los pasados ejercicios tributarios 2015 y 2016 en Andalucía en relación con la reforma del IRPF, Impuesto sobre Personas Físicas.

Fernández de Moya explicó que como consecuencia de la bajada del IRPF se queda en "los bolsillos de los andaluces" un total de 1.055 millones de euros, lo que el secretario de Estado definió como "una cuantía extraordinariamente importante".

Los datos por provincia revelan que en Granada, que tiene 370.399 contribuyentes, la rebaja tributaria supone un montante de 116,3 millones de euros.

Los 752.233 contribuyentes sevillanos ahorran un total de 279,3 millones; Málaga, el segundo en número de tributarios con 585.289, evitan pagar 205,8 millones y en Cádiz la cifra se queda en 151,5 millones.

En el resto de provincias, que tienen menor número de contribuyentes, no llegan a los cien millones de euros. Los almerienses han ahorrado en el pago de IRPF 77,9 millones; Córdoba 95,6; Huelva 58,7 y Jaén 69,7 millones de euros.

El secretario de Estado de Hacienda, hizo especial hincapié en la posibilidad, mediante este impuesto, "de hacer política social", refiriéndose a las mejoras del importe en deducción en el IRPF por descendientes, es decir, por cada hijo que tenga una familia.

También explicó los beneficios tributarios de las personas con discapacidad y de las familias con hijos menores de 3 años, que en 2015 incrementó 556 euros respecto al año anterior.

Así el secretario de Estado de Hacienda señaló que "esto es muestra de cómo también a través de una política tributaria se puede hacer política social" en beneficio, en este caso, de las personas y las familias que tienen mayor número de descendientes o que tienen algún grado de discapacidad.

Siguiendo en la línea de los beneficios sociales, el representante quiso enfatizar la "apuesta" que el Gobierno central ha hecho a través del Fondo de Liquidez Autonómico Social, FLAS, vinculado al pago de políticas sociales. Andalucía se acogió a este fondo y solicitó un importe de 82,7 millones de euros, que utilizó para pagar gastos en políticas sociales como sanidad, educación, servicios sociales y empleo.

En Granada, gracias a este fondo de liquidez, dijo Fernández de Moya, que "se pagaron facturas" por importe de 10,7 millones de euros. La provincia que más se ha visto beneficiada por esta medida de liquidez fue Sevilla con 23,9 millones, y la que menos Huelva, que sólo recibió 4,8 millones de euros para los pagos sociales.

De las cuatro vertientes, ha sido servicios sociales el apartado que mayor impacto presupuestario se ha llevado. De los 82,7 millones con cargo al FLA social, obtuvo 64,9. De esta manera, el secretario de Estado de Hacienda destacó el compromiso del Gobierno de España con Andalucía "poniendo en marcha esas medidas de liquidez para preservar la prestación de servicios públicos esenciales".

El Gobierno de España no tiene intención de "tocar" cada una de las mejoras y deducciones introducidas en el ámbito tributario referido al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

La Hacienda Pública trabaja también en un amplio paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal y tributario que se conocerá en las próximas semanas.

El Partido Popular tiene la firme intención de negociar con el conjunto de los distintos grupos parlamentarios cualquier política tributaria que se ponga en marcha ahora o en el futuro.

La próxima modificación para el adelanto del pago fraccionado va a reportar una recaudación de en torno a 8.000 millones de euros. Se les ha pedido a aproximadamente 9.000 empresas que tienen un volumen de facturación superior a 10.000 millones de euros.

Ahora mismo existe la doble prioridad por parte del Ministerio de fijar el techo de gasto y luego elaborar el próximo Presupuesto General del Estado. En el seno de las conversaciones que se están produciendo, una vez configurado el proyecto de ley, se analizarán las próximas medidas desde el punto de vista fiscal y tributario.