El caso judicial sobre la Casa Agreda - el edificio del Albaicín que el Ayuntamiento de Granada vendió a una organización privada de origen franco-marroquí- va a cumplir dos años, dedicados en su mayor parte a dirimir un enconado enfrentamiento entre las partes acusadoras y el juez de instrucción, que se muestra poco interesado en abundar en las investigaciones propuestas por las partes y que llegó a archivar la causa a los pocos meses de su apertura (2016), pero tuvo que reabrirla por orden de la Audiencia Provincial. Ahora tendrá que volver a intervenir este órgano superior, pues el magistrado ha cortado de raíz casi todas las propuestas de las acusaciones, entre las que está seguir el rastro del dinero aportado por la compradora, por si se hubiera producido "blanqueo de capitales" o utilizado la ONG como una "tapadera" para la compra.

La acusación popular representada por la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez explica en su último escrito para la Audiencia que este caso "no versa sobre la compraventa de un inmueble ordinario entre particulares o acerca de meras faltas administrativas, sino de la venta, a un precio irrisorio, de una casa palacial del siglo XVI, patrimonio cultural de la ciudad de Granada, a una supuesta ONG sin actividad ni fondos conocidos, que ha abonado la fianza desde cuentas desconocidas de las que no es titular".

El juez instructor dictó un auto el pasado 12 de julio, cuyo contenido ya publicó este periódico, en el que rechazaba de una tacada todos los recursos, escritos y propuestas de nuevas diligencias planteadas en los últimos meses por las dos acusaciones populares personadas en la causa (la edil de Vamos y el empresario Ramón Arenas). El magistrado explicaba que, a su juicio, la causa estaba en una etapa "postrera" y que no tenía intención de aceptar nuevas líneas de investigación que no consideraba pertinentes.

Pero ambas partes acusadoras han remitido duros escritos de respuesta para elevarlos a la Audiencia Provincial, en los que se quejan de que la posición del juez les deja en una posición de "clara indefensión", entre otras cosas porque consideran que el rechazo a sus recursos y propuestas no está suficientemente motivado.

En particular, hay una batería de diligencias de investigación y de nuevas imputaciones que propuso la acusación de Vamos Granada relacionadas con el posible delito de "blanqueo de capitales", dado que esta parte considera que existen suficientes hechos "objetivos" para justificar esa investigación.

La organización AIDE hizo varias aportaciones económicas al Ayuntamiento de Granada como señal de la compra (algo más de 300.000 euros en total), que según consta en el expediente municipal provienen de una serie de cuentas que no estarían a nombre de esa asociación. Es dinero que venía de Marruecos. Además, la compradora no tiene "actividad ni solvencia acreditada". Todo esto hace temer a la acusación que AIDE fuera una "tapadera" para una supuesta compra "fraudulenta" de la casa Agreda (por la que están imputados el exalcalde José Torres Hurtado, la exconcejal Isabel Nieto y varios funcionarios municipales) por parte de otras personas de las que se desconoce su verdadera identidad. En su escrito recuerdan que los representantes de la ONG en España se dedican a la "importación y exportación" en Marbella y en Granada.

El juez ha rechazado iniciar esa línea de investigación y ahora será la Audiencia la que decida si de nuevo alienta a continuar o, por el contrario, suscribe la posición del instructor.