El Ayuntamiento de Granada activó ayer por primera vez su protocolo de emergencia para prestar atención a personas inmigrantes (PECOL), que recibió a 17 jóvenes marroquíes de entre 18 y 25 años, llegados en patera a Motril y que pasaron los últimos tres días en la Comisaría de La Palmita, por falta de espacio en las instalaciones de la dársena granadina. Solo dos de ellos pasaron la noche en el centro habilitado por la capital, mientras que el resto pudieron reunirse con sus familiares, residentes en diferentes ciudades españolas.

La concejal de Derechos Sociales de Granada, Jemi Sánchez, explicó a esta redacción que este protocolo, en el que han "estado trabajando todo el verano" y que se presentó a principios de agosto con organizaciones sociales de la ciudad, ha servido para habilitar un espacio donde dar ropa, comida y cama a los inmigrantes, y dar una respuesta ante llegadas masivas como la que sucedió en mayo en la estación de autobuses de la capital.

Jemi Sánchez destacó la colaboración con la Subdelegación y la Policía Nacional en la puesta a disposición del Ayuntamiento y las organizaciones sociales de estos jóvenes, todos identificados, una vez que se cumplieron las 72 horas reglamentarias que pueden estar en dependencias policiales desde que llegaron a territorio nacional el pasado sábado. La edil comentó que con la primera activación de este protocolo, los inmigrantes recibieron una primera atención médica y jurídica por parte de una abogada experta en extranjería, y los técnicos de los servicios sociales les asesoraron sobre los trámites para emprender un viaje.

"La diferencia con otras ocasiones es que son marroquíes y no subsaharianos, y que la mayoría tienen familiares en Granada y en España", precisó la edil, quien dijo que varios de ellos, teniendo conocimiento de la llegada de su allegado en la patera del pasado sábado, acudió directamente al Ayuntamiento para preguntar sobre su localización. "La labor que hemos realizado hoy -por ayer- ha sido de reagrupación y muchos han hablado ya con sus familias", añadió.

La confluencia de recursos públicos y privados permiten articular una acogida colectiva de personas inmigrantes de manera organizada y profesional, bajo el auspicio de la Concejalía de Derechos Sociales, durante un plazo máximo de 30 días. Transcurrido este tiempo, los inmigrantes optan por seguir el viaje o por otras alternativas ajustadas a sus necesidades.