El juicio del caso Emucesa podría empezar a principios del año que viene. Ahora es el turno para que las defensas de María Francés y Eduardo Moral, exconcejales del PP, y los otros seis procesados presentes sus escritos en esta causa relacionada con supuestas contrataciones fantasma en la empresa que gestiona el cementerio municipal durante los anteriores mandatos del PP en la capital. Una causa por la que Francés y Moral se podrían enfrentar a penas de 5 y 6 años de cárcel respectivamente en base a acusación que ejerce Marta Gutiérrez, exedil de Vamos Granada.

Según ha informado este miércoles la formación que ejerce la acusación popular, el escrito presentado por Gutiérrez es el último que faltaba por parte de las acusaciones.

Vamos Granada, junto a la Abogacía del Estado, considera que se habrían cometido, además de los posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude al sistema de la Seguridad Social, este último en el caso de cuatro de las personas contratadas.

La Fiscalía, según informó por su parte el pasado junio en un comunicado, solicita las referidas penas de cárcel por haber realizado presuntamente contratos irregulares cuando fueron máximos responsables de la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada (Emucesa) en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, respectivamente.

Para los otros acusados, los cinco contratados, también se piden penas que oscilan entre los cuatro años y los cinco años y seis meses de prisión, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de "alta dirección" simulando una relación laboral inexistente.

Añade que, desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse, constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública.