Dicen que las cosas de palacio van despacio. También dicen que la justicia lenta no es justicia. Al caso del antiguo Hotel Victoria, iniciado en 1998, ambos dichos le vienen como anillo al dedo. Probablemente, esta causa, que permaneció varios años extraviada y que tuvo que ser reconstruida, sea actualmente el expediente penal más antiguo que permanece a la espera de juicio en Granada.

No en vano, han sido trece años de periplo judicial, trece años desde que un ex director del hotel -hoy explotado por la cadena NH, que nada tiene que ver con este asunto- decidió denunciar en los tribunales el presunto desahucio irregular de la empresa que lo explotaba antaño, Rumorti.

Este diario ha contactado con fuentes de la propia Audiencia provincial de Granada para saber si el expediente, por fin, había aterrizado ya en el Palacio de la Real Chancillería, sede del tribunal granadino. Y, efectivamente, las fuentes indicaron que la causa se encuentra en la Sección Primera, si bien, aún no se ha señalado el juicio y no se sabe cuándo se fijará una fecha.

La tramitación judicial del caso ha estado llena de vicisitudes. Hagamos memoria. Su extraña desaparición se produjo a mediados de 2004, pero nadie se percató hasta finales de 2008. La situación se palió a principios de 2009 con una valiosa reconstrucción impulsada por la Fiscalía Superior de Andalucía, que se encargó de reactivar el proceso tras conocer, a través de este diario, que el caso, de más de 1.500 folios, se había perdido físicamente.

Mientras todo esto sucedía, el querellante, Arturo Varela, que había sido director del antiguo hotel, falleció. Ocurrió hace dos años y medio, tras esperar durante demasiado tiempo un desenlace judicial que para él ya nunca llegará. No obstante, tras su fallecimiento, sus hijos anunciaron que terminarían su batalla judicial en su nombre.

Con todo lo que ha llovido desde que la querella aterrizara en los juzgados, no sería de extrañar que las defensas utilizasen las dilaciones del procedimiento con algún fin jurídico. Podría suceder incluso que alguna parte alegara, por el tiempo transcurrido, la prescripción de los delitos apreciados por las acusaciones. En cualquier caso, habrá que esperar a la vista para saber cómo puede influir la lentitud extraordinaria que ha padecido esta causa.

El caso se inició con la querella que presentó Varela tras el desahucio del céntrico inmueble a finales de los 90. El edificio era propiedad de una empresa del principal acusado, Eduardo S. P., y lo explotaba como hotel y cafetería otra empresa, Rumorti, en la que el ex director del hotel tenía acciones.

La Fiscalía formuló su acusación provisional en 2001, esto es, hace una década. En su escrito de conclusiones provisionales sostenía que la empresa propietaria del hotel, Arrendamientos Urbanos de Granada, veía en aquel negocio varios inconvenientes, como que carecía de "atractivo industrial" y era "un lastre importante" para cualquier inversor, tanto por contar con una "abultada plantilla con notable antigüedad", como porque la empresa explotadora estaba endeudada con Hacienda y la Seguridad Social.

"Para colmo", añadía el fiscal, la propiedad recibía una renta anticuada debido a un contrato "muy rígido" que dificultaba su extinción. Ante esta situación, los acusados buscaron una salida, y "la mejor y más barata solución" es que fuera la Justicia quien se encargase de limpiar de trabas el negocio.

La Fiscalía piensa que el empresario Eduardo S.P. es, como en el guiñol, "el personaje que maneja los hilos de la trama defraudatoria sin ser visto". Él era el presidente de la empresa propietaria del hotel, Arrendamientos Urbanos de Granada, la cual logró absorber, mediante una empresa interpuesta (Inversiones Herza), a la arrendataria (Rumorti), que era "un molesto inconveniente en las operaciones mercantiles" de los acusados.

Para el fiscal, los acusados actuaron "con unidad de acción", propósito de "enriquecimiento ilícito y dando a todos sus actos apariencia de legalidad". Se propusieron y consiguieron el desahucio y la resolución del contrato con Rumorti y "el lanzamiento de sus ocupantes con extinción de los contratos de trabajo existentes".

Además de Eduardo S.P. están acusados el apoderado, administrador único y socios de Herza, la sociedad creada para descapitalizar a la empresa. Las deudas que tenía el Victoria con el fisco y con la Seguridad Social finalmente fueron saldadas, según fuentes del caso.

El Ministerio Público aprecia en los hechos tres posibles delitos (insolvencia punible, estafa procesal y contra los derechos de los trabajadores) por los que pidió 9 años de cárcel para Eduardo S.P. y 7 para el resto.

En cuanto al extravío del expediente, la Fiscalía provincial de Granada trató de aclarar cómo pudo desaparecer de los juzgados un procedimiento tan voluminoso (tenía varios tomos) sin que nadie se percatara ni lo echara en falta.

Las diligencias acabaron siendo archivadas, pues no se pudo determinar quién fue el responsable de su pérdida o extravío.

En el historial informático del caso Victoria que guardaba el órgano instructor (el Juzgado de Instrucción número 6), figuraba que había sido enviado en 2004 a la Audiencia Provincial de Granada, pero el tribunal afirmó entonces que no llegó a recibirlo.