El caso Nazarí, que desde 2016 se mantiene abierto para investigar una supuesta trama de corrupción urbanística en Granada, afronta ahora otro tramo decisivo en una de las últimas piezas separadas vigentes, la del Pabellón Mulhacén del Zaidín. La Fiscalía ha remitido un informe en el que expone que hay "indicios racionales de delito" por parte de la que fue concejal Isabel Nieto, el constructor Roberto García Arrabal y otro alto cargo de Urbanismo, A.B.B. Respecto al resto de investigados, el Ministerio Público propone el sobreseimiento. 

Es un momento importante, porque después de casi siete años de investigación, la jueza de Instrucción 2 de Granada tendrá que decidir si abre paso a una nueva fase procesal encaminada a la apertura de juicio oral o si, por el contrario, considera que no hay indicios para ello y archiva la causa. El escrito de la Fiscalía es clave, porque en otras piezas separadas de la misma macrocausa ésta ha pedido el sobreseimiento y en esta ocasión, considera que hay indicios de tres delitos: prevaricación común, prevaricación urbanística y fraude en la contratación.

Pero esos supuestos delitos se circunscribirían sólo a tres de los investigados -a juicio de la fiscal-, de modo que otros altos cargos municipales que estaban investigados en la causa podrían quedar apartados, en opinión de la Fiscalía.    

También propone el Ministerio Público otra medida importante para el desarrollo de la causa y para los investigados, que es el alzamiento de todas las medidas de carácter económico restrictivas acordadas respecto al patrimonio de los investigados. Esto se justifica en el escrito fechado el pasado 9 de junio en que "no se ha determinado la valoración del supuesto perjuicio económico de los hechos al Ayuntamiento". Esto se debe al rechazo de la Audiencia Provincial al encargo de una pericial propuesta por la jueza de instrucción. 

El año pasado, la jueza instructora tuvo que anular varias diligencias encargadas, entre ellas la elaboración de un informe pericial para valorar los posibles daños a las arcas públicas de los supuestos delitos. El motivo fue la decisión de la Audiencia Provincia, que atendió a un recurso de los investigados y ordenó poner fin a la investigación por haber excedido ya el plazo legal para la práctica de más averiguaciones. 

El informe que ahora ha remitido al juzgado la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, es uno más de los escritos enviados por las partes, en respuesta a la petición de todos los investigados de que la causa quede archivada. Además de la Fiscalía, hay otras partes acusadoras que se han distanciado de ese criterio del Ministerio Público. El empresario Ramón Arenas ha pedido seguir el procedimiento contra el resto de investigados, al entender que hay indicios de graves delitos contra todos ellos en la tramitación del expediente urbanístico del Pabellón Mulhacén. 

Esta pieza separada, que se considera una de las más importantes del caso Nazarí, investiga cómo el Ayuntamiento fue tramitando una serie de cambios solicitados por el promotor privado en la concesión de la construcción del Pabellón, con el resultado de que al final se llegó a construir una zona comercial de restauración en una parte de la parcela de uso deportivo. Por contra, el proyecto al final dejó de tener elementos que estaban en el pliego del concurso, como un aparcamiento. 

La acusación particular de Ramón Arenas ha respondido a la petición de archivo de los investigados con un largo escrito de más de 40 folios en los que hace un análisis pormenorizado del caso, según su interpretación de lo instruido. Una de las claves de su rechazo al sobreseimiento es el antecedente del caso Serrallo, donde fueron condenados Isabel Nieto y el mismo constructor, García Arrabal. 

En aquella condena de la Audiencia Provincial, confirmada por el Tribunal Supremo, tuvieron especial peso los correos electrónicos intercambiados entre ambos investigados. Ahora, la acusación particular del caso del Pabellón Mulhacén, expone que se siguió un itinerario parecido, al constar en el sumario mensajes entre ellos referidos a este expediente urbanístico y a los cambios que sucesivamente pedía el promotor. 

Esta acusación va más allá de la petición de la Fiscalía e introduce en su escrito otros posibles delitos como el de cohecho. Para ello recuerda que durante la instrucción se han aportado datos sobre la adquisición de viviendas al mismo promotor por parte de investigados o sobre el empleo en la empresa a varios de los hijos de un alto cargo de Urbanismo y una concejal del mismo gobierno. 

La Fiscalía no hace mención por el momento a detalles concretos en su escueto informe, donde se limita a expresar que tras haber hecho un "estudio de la causa" resultan indicios de los tres delitos antes de indicados, pero sólo contra tres de los principales investigados. 

Caso Nazarí, las piezas pendientes

El caso Nazarí, que ya ha cumplido su séptimo año desde que se iniciaron las diligencias y estalló la llamada Operación Nazarí, con la detención de una quincena de personas, incluido el exalcalde José Torres Hurtado, sigue aún pendiente de dos piezas separadas. Una es la del Pabellón Mulhacén, que se consideró la parte más esencial de la macrocausa. 

La otra pieza pendiente es la San Jerónimo, donde se investiga la licencia concedida a una serie de edificios de viviendas (Ciudad de la luz) sin que estuviera concluida la urbanización de la zona, próxima al centro comercial Kinépolis. En este asunto, la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz dictó a principios de este año auto de apertura de juicio oral, si bien la Audiencia Provincial dejó sin efecto esta decisión respecto de uno de los principales investigados, el constructor José Julián Romero. Por tanto, las dos piezas que siguen en curso (el resto han sido archivadas o juzgadas ya) son los dos asuntos que dieron origen al caso en 2016.