Ni veían películas de espías en el cine Madrigal a las 9 de la mañana, ni había confidencias personales en sus citas. El que fue alto cargo de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Emilio Martín Herrera, ha querido aclarar a la jueza que investiga el caso Nazarí que no se reunió con el registrador de la Propiedad Jesús Camy, el 7 de mayo de 2007, en una sala de cine -como aparece anotado en su agenda- si no en una cafetería que lleva ese nombre, ubicada a 90 metros del Registro, para tratar "temas relacionados con la gestión urbanística".

Una de anécdotas aparentemente más sorprendentes del último informe remitido por la Policía al Juzgado de Instrucción 2 es la anotación encontrada en una de las páginas de las agendas registradas al anterior jefe de Licencias municipal. "Con Jesús Camy en el cine". Se da la circunstancia añadida de que ambos participantes en la cita anotada son investigados en esta causa judicial de presunta corrupción urbanística.

No es la única cita o llamada telefónica con este registrador que aparece reflejada en las agendas de Martín Herrera analizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). De ahí que en su último informe, los agentes expongan que "las citas o reuniones son más o menos periódicas", y que ambos investigados mantenían una "colaboración" que estaría enmarcada "dentro de una relación más que profesional". La Policía también recuerda que en uno de los asuntos investigados en este caso, que son las posibles irregularidades en las obras de la sede del Registro de Jesús Camy, el alto cargo de Urbanismo intervino para concederle la licencia de primera ocupación "a pesar de la oposición del entonces director general de Urbanismo".

Ésta y otras cuestiones manifestadas por la UDEF en su informe han motivado que Martín Herrera haya presentado en el Juzgado un escrito muy duro contra la labor de la Policía. En el documento aclara a la jueza María Ángeles Jiménez una serie de dudas generadas por ese informe, como la de las misteriosas citas en el cine. Dice el funcionario que, ante la duda, los agentes no tenían que haber pasado por alto que en la agenda aparece el supuesto encuentro en el cine a las 9 de mañana y que a esa hora en Granada "no se emiten películas ni está abierta ninguna sala de cine a esa hora". Asegura Martín Herrera que después de hacer memoria -fue en 2007- ha recordado que la reunión fue en una cafetería llamada Cine, en la Plaza de la Encarnación, a poca distancia de donde tenía su despacho el registrador. De modo que quedaron para "tomar un café" antes de ir al lugar de trabajo.

Y sobre esa relación que según la Policía iría más allá de lo profesional, asegura el funcionario que se limitaban a tratar temas urbanísticos que debían pasar por el Registro de la Propiedad. Y que en las agendas debía de haber citas con los otros tres registradores de la ciudad, "pero el funcionario policial las omite".

La Policía sospecha de esas reuniones para consultas porque no hay constancia de que el Ayuntamiento pagara al registrador por esa labor de asesoramiento, de modo que entienden que esos "servicios prestados" deben de explicarse por una relación de "amistad" entre ambos.

Martín Herrera aclara también el funcionario que la Policía le atribuye una cualificación inferior, al decir que es arquitecto técnico, cuando también es licenciado en Derecho.

Sobre la "rebaja" económica que le habría hecho el promotor investigado, García Arrabal, al funcionario en la compra de su piso -según aparece en los documentos del registro-, el funcionario aclara que se debe a haber renunciado a las dos plazas de garaje que iban incluidas en el precio de la vivienda. "El Sr. Martín no tiene automóvil, no conduce y se desplaza por la ciudad en transporte público", explica su abogado, Ernesto Osuna, en el escrito presentado en el Juzgado.

Todas estas aclaraciones del antiguo responsable de Gestión Urbanística y de Licencias se enmarcan dentro de una crítica general a la labor policial, pues lamenta que en sus informes "solo se consigna, presuntamente, aquello que puede dar apariencia delictiva". Denuncia ante la jueza que en sus informes, la Policía hace un "análisis parcial y fuera de contexto de la documentación".