Mandos de la Policía Local investigados por los presuntos amaños ya comparecen ante la Policía Nacional

El proceso de instrucción del caso de presuntos amaños en oposiciones de la Policía Local de Granada (comenzó con las de 2019 y se amplió a las de 2022), Algarinejo y Albolote sigue su curso y las personas indicadas por la jueza como investigadas en esta trama, por ahora 43, por la presunta comisión de una decena de delitos, han empezado ya a prestar declaración en la sede de la Policía Nacional. Es una medida que dictó la jueza de Instrucción 4, que lleva el caso, que en su auto del 5 de noviembre autorizó "a la vista de la complejidad de la causa y de los numerosos investigados y perjudicados", a que se les tomara declaración en sede policial "con carácter informativo y preliminar", sin perjuicio de que posteriormente lo hagan en sede judicial ante ese juzgado, "momento en el que se garantizará de nuevo el pleno ejercicio del derecho de defensa". El objetivo de la jueza con esta medida es "facilitar el impulso y eficacia de la instrucción, permitiendo la práctica inmediata de diligencias iniciales, sin que dicha actuación sustituya la función jurisdiccional de dirección de la instrucción atribuida a este órgano judicial".

Con esta autorización, los investigados están acudiendo ya a la sede central de la Policía Nacional de Granada, bien para recoger sus citaciones o para la propia comparecencia, considerada preliminar, por lo que ya se ha podido ver la entrada y salida de algunos de los investigados de las dependencis policiales. Se estaría empezando la citación para declaración por los miembros que formaron parte del tribunal de las oposiciones de 2019 de Granada para 40 plazas, una de las convocatorias en la que las investigaciones de la UDEF señala que hubo un presunto amaño por parte de un "grupo criminal" presuntamente liderado por el exjefe de la Policía Local José Manuel Jiménez Avilés, y otros mandos que forman parte de la cúpula policial. La investigación policial expone en sus oficios que se dominaba el tribunal de las oposiciones con la imposición por este grupo de los principales miembros del mismo para beneficiar a los candidatos a los que se quería aprobar, la mayoría familiares de agentes, a los que se les pasaban las preguntas de los exámenes, también pactadas y controladas por el grupo, según se desprende de los informes de la UDEF y de la propia jueza.

De hecho, este viernes han estado en sede policial dos de los agentes investigados, el presidente del tribunal de las oposiciones de 40 plazas de 2019 y miembro como vocal de otros tribunales de ascensos, y otro miembro del mismo tribunal de 2019 y también del de Albolote, ambos investigados por su relación con el grupo y que aparecen en conversaciones que han sido clave en esta primera fase del caso, como la que sirvió para, según la UDEF, establecer que se amañaban las preguntas y se preparaban para darlas a los beneficiados.

Aunque se haya pedido por la jueza este trámite de declaración en sede policial, es poco habitual que los investigados accedan a declarar en este punto (ya que es más normal hacerlo en el juzgado, asistidos por un letrado), por lo que se suele renunciar a esta declaración para hacerlo en sede judicial por consejo de sus propios abogados y más en una causa como esta, macrocausa ya, de la que queda todavía mucha información por salir, por lo que cualquier declaración previa podría afectar a sus defensas, por lo que la mayoría de los citados lo más seguro esque no declaren en este punto hasta que estén delante de un juez, algo que llevará su tiempo porque el volumen del procedimiento podrá llevar varios años de instrucción más luego la celebración del juicio, sentencia y recursos, por lo que se espera que se dilate en el tiempo.

La jueza dice al Ayuntamiento que aún no hay medidas cautelares sobre los investigados

Por otro lado, la jueza de Instrucción 4 de Granada remitió este jueves una providencia al Ayuntamiento de Granada en la que respondía a la pregunta sobre si a nivel de Recursos Humanos el Consistorio tenía que tomar alguna medida laboral respecto del personal municipal (policías y otros funcionarios) investigado en el caso de los presuntos amaños en procesos selectivos de Policía Local. Según ha informado este viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, a preguntas de los periodistas, la jueza dice que "no existe por el momento medida judicial adoptada por la situación personal de los investigados", es decir, que no hay impuestas aún medidas cautelares a ninguno, por lo que el Ayuntamiento seguirá a la espera de las instrucciones de la jueza y del avance del procedimiento para tomar cualquier decisión sobre los agentes investigados en la causa, el personal de Contratación también investigado y las posibles nuevas implicaciones.

Peritos para ver si estadísticamente era posible aprobar o no

Además, este periódico ha podido saber que se han fijado ya los tres peritos, dos matemáticos del Departamento de Estadística de la Universidad y un psicólogo, a los que se va a pedir que realicen un estudio para ver, en el caso de los matemáticos, si estadísticamente era posible aprobar los procesos selectivos investigados porque de no serlo se estaría demostrando que hubo amaño pasando las preguntas del examen, teoría que está en el modus operandi del grupo investigado; y en el caso del psicólogo, si el profesional también investigado que figura como de confianza del grupo criminal y además impuesto por ellos para, presuntamente pasar las pruebas de los candidatos beneficiados, actuó con criterio profesional o no.